En agosto de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016, que se anunció como un “plan nacional de salud que beneficiará a más de quince millones de personas”. Se trata de la Cobertura Universal de Salud (CUS).

Sin embargo, desde distintos ámbitos, entre ellos, el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) denuncian que tal iniciativa “atenta contra el derecho humano a la salud pública, universal y gratuita, garantizado en nuestra Constitución Nacional” y que funcionará como una “canasta básica de servicios de salud” a los que algunos podrán acceder y otros no. Además, implicará una gran transferencia de dinero desde el sistema público al sistema privado.

“Esta cobertura universal de Salud implica, por un lado, una gran transferencia de fondos al sector privado de salud y, por otro lado, que va a haber determinadas prácticas a las que no se va a poder acceder sin pagar”

En ese marco, María Fernanda Boriotti, presidenta de la delegación Rosario del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus – Fesprosa) denunció que detrás de esas palabras tan dulces como Cobertura Universal,

que vienen usando en los últimos años el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, impulsores de estas medidas, lo que se ofrece es un plan básico de servicios de salud, que sólo cubrirá algunas patologías elementales para esas personas que no tienen ningún tipo de cobertura.

“Está apuntado a todos aquellos que normalmente usan el sistema público y que, a pesar de las falencias del mismo, tienen la garantía de la salud como derecho”.

En ese sentido, la dirigente explicó: “Se está cambiando el derecho a la salud por una cobertura mínima de salud. Esa es una de las cosas que quedan muy en claro cuando se lee el decreto, se habla de prestaciones básicas. Y además especifica que lo que no se pueda brindar en los efectores públicos, se brindará en el sector privado”.

Esos puntos cruciales son subrayados por Boriotti, porque por un lado “implica una transferencia de fondos desde el sector público al sector privado y por otro, cuando no esté cubierta la patología o enfermedad que tenga ese ciudadano por la CUS, va a tener que poner plata de su bolsillo y pagar para acceder”.

“Los ciudadanos van a tener que poner plata para tener acceso a una cobertura total”

“O sea va a ser mayor el gasto general que salga de los bolsillos de la población, va a haber un debilitamiento del sector público, porque parte de la plata que se debería destinar a esos efectores va a ir a parar al sector privado y la gente va a tener, como dice el decreto, un carnet, que va a terminar siendo un carnet de pobre, como se hacía en otras épocas. Sí tenés el cartoncito de pobre te vas a atender en el hospital”, puntualizó la dirigente gremial.

De todos modos, con carnet y todo, para algunas prácticas habrá que pagar, según se desprende de las palabras de la presidenta de Siprus. “Realmente es un gran retroceso, el sector público cubre en todo el país, más allá de las diferencias de una provincia con otra, todas las emergencias, tiene una incidencia altísima en los que es cobertura de salud infantil, en momentos de epidemias y procesos de catástrofe, el que responde es el sector público. Sin embargo, en lugar de reforzar con mayor presupuesto y con políticas activas a ese sector, los ciudadanos van a tener que poner plata para tener acceso a una cobertura total”.

“Si usted necesita atención por una enfermedad que no esté contemplada en el CUS, tendrá que sacar plata de su bolsillo aunque se trate de un hospital público”

Canasta básica y políticas de aseguramiento solapadas

En relación a si va a haber determinadas prácticas que no van a estar incluidas en la CUS, Boriotti deja muy en claro que hay que pensar en algo así como “una canasta básica”. “Claramente la salud va a estar dividida entre los que pueden pagar y los que no. Si usted necesita atención por una enfermedad que no esté contemplada en la CUS, tendrá que sacar plata de su bolsillo aunque se trate de un hospital público… si no la tiene, no podrá atenderse”.

“Obviamente va a ir en absoluto detrimento de la calidad, porque esas personas que tengan el “carnecito” de pobre no van a ir a la mejor salud privada, va a ir a lo más precario de ese sector. Entonces vamos a tener precarización en los hospitales, precarización en los sanatorios y clínicas y precarización laboral, lo cual se va a traducir en una atención absolutamente deficiente para los ciudadanos”.

“La Cobertura Universal de Salud no es más que encaminar el sistema hacia un aseguramiento solapado”

Por otro lado, si bien la dirigente de Siprus no habla de privatización del sistema público, se puede leer un proceso similar. “Es el camino a un aseguramiento solapado. El aseguramiento existe en algunos países del mundo, pero existe como un refuerzo, y son países en los que hay pleno empleo, con otro nivel poblacional y de ingresos y con otro nivel de garantías del Estado. Lo que sí está claro es que las práctica que queden por fuera de la CUS tendrán que ser pagadas”.

“La garantización de un derecho humano básico pasará a depender del bolsillo del ciudadano y no de la política de Estado”

Así, Boritotti remarcó también que se trata de “un retroceso considerable” y un gran negocio en un futuro no tan lejano, relacionado con la transferencia de fondos al sector privado. Además, “entre los que van a estar en la regulación de los números de esta Cobertura de Universal de Salud no hay representación de los usuarios. Hay personas del ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud y de la CGT. Y ahí está la explicación de por qué se levantó la reunión de la semana pasada después de la movilización y los movimientos que hubo en la Superintendencia luego de la marcha. Está directamente ligado a los fondos de las Obras Sociales que maneja la CGT”. Todo esto sin contar que la CUS deja de lado toda cuestión pertinente a promoción y prevención.

“Es importante que todos tomemos conciencia de que acá se está hablando de la pérdida de un derecho. La salud no puede ser un negocio ni depender de las lógicas de empresas privadas. Con la CUS la garantización de un derecho humano básico pasará a depender del bolsillo del ciudadano y no de la política de Estado”.