Además, anunció la suspensión del pago de un complemento salarial que afecta a más de 1.000 empleados, en una medida que ha generado fuertes críticas desde los gremios.

La decisión quedó formalizada a través de una resolución firmada por el ministro de Justicia, lo que desató el rechazo de trabajadores y referentes sindicales. Según explicó Rubén López, secretario de Acción Política y referente del sector, esta medida pone en jaque los fondos de cooperación destinados a sostener convenios clave para el sistema judicial. "El ministro firmó una resolución que desfinancia estos fondos, lo que tendrá consecuencias tremendas para los trabajadores. Cerca de 3.000 compañeros perciben ingresos a través de estos convenios", advirtió.

El ajuste también afectará el salario del personal de planta permanente y transitoria, ya que se eliminaría un complemento salarial reconocido como parte del sueldo por la Corte Suprema. "Estamos ante una situación crítica. Como representación sindical, continuaremos en estado de asamblea permanente, medida que los trabajadores votaron hace meses", aseguró López.

Desde la junta interna, se denunció que los planes de retiro voluntario implementados entre octubre y noviembre funcionaron como "despidos encubiertos" y que apuntaron a reducir las indemnizaciones correspondientes.

Los trabajadores advierten que estas medidas podrían implicar el desmantelamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un organismo fundamental para garantizar el acceso a la justicia, proteger derechos humanos y gestionar trámites registrales. Entre las consecuencias señaladas, se incluyen el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y de cerca de 100 Centros de Acceso a la Justicia, afectando seriamente las políticas públicas del sector.

La decisión del gobierno ha generado un fuerte rechazo y mantiene en tensión al sector, que advierte sobre las graves implicancias de este ajuste para los trabajadores y la sociedad en general.