Más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas, suscribieron una proclama del 25 de mayo con el fin de impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses de la deuda que Mauricio Macri contrajo con el FMI, y de las acreencias con el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.

Pidieron también reprogramar los vencimientos con los organismos financieros internacionales con plazos que subordinen el pago a las verdaderas posibilidades del país, con el fin de que el dinero correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) se utilice para enfrentar la pandemia y no para pagar deuda, en sintonía con el proyecto del Frente de Todos en el Senado.

En el texto se advierte que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes entre los que se encuentran: ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el Papa Francisco.

Estos reclamos se sustentan en la grave situación que atraviesa el país con una pandemia del Covid-19 y resaltan que la economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más.

La Proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales” y remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.

Asimismo, propone la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago del país. “La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto.

En uno de los párrafos centrales, la Proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.

La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos”.

“Si no existe vida, naturalmente no existe ningún derecho. De modo que la prioridad frente a lo económico y frente a cualquier otro valor, es la prioridad de la vida”,afirmó Zaffaroni, mientras que Yasky solicitó: “Que todos los recursos vayan a enfrentar la pandemia, a darle respuesta a los que menos tienen. La única manera de recuperar nuestra Patria es con trabajo, producción y empleo digno. Y a eso hay que volcar todos los esfuerzos”.

Cabe recordar, que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el FMI una deuda por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones), y se investiga si se utilizó para para garantizar la fuga de capitales. Macri tomó el préstamo sin cumplir con ningunas de las exigencias legales y administrativas que prevé la normativa vigente de los organismos encargados de fiscalizar y controlar el endeudamiento, y tampoco contó con la aprobación del Congreso.

Siguiendo esa línea, la proclama apoya la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno y pide investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central.

Sumaron su apoyo a la Proclama los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.

Entre los empresarios, figuran también, Raúl Hutín (Pro-Tejer), Roberto Marquínez (CGE), Daniel Rosatto (IPA), Juan Scioli (CEEN), Marcelo Fernández (CGERA) y Mario Derch (CGI), entre otros.

También acompañan los dirigentes sindicales, Sonia Alesso (secretaria General de CTERA), Daniel Catalano (ATE Capital), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradell (Suteba), Eduardo López (UTE), Héctor Amichetti (Corriente Federal de Trabajadores), Angelica Graciano (UTE), Pablo Miceli (CTAA), Ricardo Peidró (CTAA) y Horacio Ghillini (SADOP), entre otros.

Se sumaron además más de cincuenta economistas heterodoxos, entre ellos, Felisa Miceli, Guillermo Wierzba, Roberto Feletti, Ricardo Arondskind, Noemí Brenta y Jorge Marchini, quienes, junto a Vallejos, integraron el grupo de trabajo que redactó e impulsó la Proclama del 25 de Mayo, además del ex vicepresidente Amado Boudou, el director del Banco Nación Claudio Lozano y la ex ministra de Industria Débora Giorgi. También se solidarizaron desde España, los economistas de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Garzón y Jorge Fonseca.

Entre los intelectuales, pensadores y hombres de la cultura, respaldaron la propuesta Horacio González, Jorge Alemán, Rafael Bielsa, Alejandro Rofman (Plan Fenix), Norberto Galasso, Atilio Borón, Ricardo Forster, el pianista Miguel Angel Estrella, Mempo Giardinelli y Mónica Peralta Ramos, junto con más de una docena de rectores de universidades nacionales de todo el país, además de investigadores, académicos y científicos, entre los que destacan los médicos y sanitaristas, visiblemente movilizados por la pandemia.

También se comprometieron con la Proclama del 25 de mayo, los periodistas, Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Stella Calloni, Eduardo Anguita, Sandra Russo, María Seoane, Mariano Beristain, Martín García y Liliana López Foresi, entre otros.