Sindicatos, jueces, abogados laboralistas y delegados de Argentina y América Latina se congregarán para analizar “El derecho laboral frente a la crisis y el conflicto social” en el contexto de políticas económicas regresivas.
“El conflicto social, que es la consecuencia natural de la aplicación de políticas económicas neoliberales sobre los sectores más vulnerables, es abordado mediante la represión y la criminalización de la protesta por un gobierno que no sólo no da respuestas sino que avanza, en los hechos, hacia una reforma laboral de facto que no pudo hacer aprobar en el parlamento”, anticipó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), sobre el contexto de las XLIV Jornadas anuales de la organización.
Las jornadas se inaugurarán el jueves 22 a las 18 en el Gran Hotel Dorá de Mar del Plata con la presencia de especialistas del mundo del trabajo de toda América Latina. Se extenderán hasta el sábado 24.
“Aquellos que defienden los derechos de la clase trabajadora están llamados a estar en guardia ya que no sólo hay que defender las políticas regresivas en materia de derechos desde el plano formal e institucional sino también observar que se pretende imponer una reforma laboral de facto a través de las políticas económicas que empujan a la precariedad y la informalidad”, analizó Cremonte.
La mesa redonda que da título a las jornadas, “El derecho laboral frente a la crisis y el conflicto social” se realizará el viernes 23 a las 10 con la presencia de Carmen Espinoza (AGAL -Chile), el juez Luis Raffaghelli (ANJUT), Cynthia Benzion (AAL), Sergio Arelovich (Economista – asesor sindical), con la moderación de Fernando Forio (AAL Mar del Plata)
El contexto internacional, luego del impacto del triunfo electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, tendrá un reflejo en las Jornadas. La presidenta de los laboralistas brasileños, Alessandra Camarano Martins, estará presente en el panel “El derecho del trabajo en clave de género”, el sábado 24 a las 10, que además contará con la camarista Gabriela Vázquez y la fiscal federal Paloma Ochoa.
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