El tribunal determinó que la empleadora no logró probar que los demandados actuaron conforme a lo expuesto en su demanda, especialmente en lo que respecta a la acusación de que los delegados habían incitado al abandono de tareas, paralizado la producción o amenazado al personal contrario al paro. Según los testimonios de los testigos, la medida adoptada en la asamblea del 15 de julio de 2022 fue un quite de colaboración votado por cerca de 200 trabajadores, y no se obligó a nadie a sumarse al paro, ni se interrumpió la producción de manera total.

El tribunal también destacó que, si bien se acreditó la participación de los delegados en la medida de fuerza llevada a cabo entre el 15 y el 22 de julio, la empleadora no presentó pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones. En este sentido, la ley laboral establece que, en casos donde haya dudas razonables, la interpretación debe ser siempre en favor del trabajador, conforme al artículo 9 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.

Por otro lado, la Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por la empresa, confirmando la sentencia original que no encontró pruebas suficientes para justificar la exclusión de tutela sindical de los demandados.

Finalmente, el tribunal resolvió que los trabajadores deberán ser reincorporados a su puesto en el yacimiento Cerro Moro, lo que representa un respaldo al ejercicio de los derechos laborales y sindicales en el contexto de un conflicto laboral.

Cabe recordar que la medida de fuerza que tuvo una duración de 6 días exigía, mejoras salariales y mayores medidas de seguridad tanto en el yacimiento como fuera del mismo más precisamente durante el recambio de personal, ya que la 47 único acceso al yacimiento se hallaba en malas condiciones y se temía por la seguridad de los trabajadores.