La decisión de la dirigencia y los delegados se adoptó después del fracaso del encuentro realizado y ante “el incumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos sectoriales alcanzados”.

Las causas de las medidas de acuerdo al gremio son “la inflación, aumento de tarifas, transporte, canasta familiar inalcanzable, más del 50% de los empleados del escalafón general con sueldos por debajo de la línea de pobreza”.

La protesta “se ejecutará en todas las dependencias de la Administración Pública con asistencia a los lugares de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior. Se cumplirán estrictamente las guardias mínimas porque para nosotros la necesidad del pueblo es lo primero” manifestó el secretario general de UPCP, José Niz.

UPCP sostuvo que “es insuficiente el aumento del 6% otorgado al escalafón general que no mejoró la situación de los que menos ganan por eso reclamamos un urgente incremento salarial”.

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En el caso de salud, no se cumplió con nada de lo pactado, nuestros compañeros no cobran a la fecha ninguna de las bonificaciones por riesgo de salud, 40 y 44 horas que están otorgadas por Decretos del 2015.

No nos queda otro camino que el paro general, para que este Gobierno, tome conciencia que los trabajadores somos los que sostenemos los servicios públicos y mientras ellos discuten por las candidaturas nosotros estamos en la trinchera atendiendo a la necesidad de la gente con lo poco que nos proveen, denunció Niz.

Los puntos del conflicto señalados por la entidad sindical son el incremento salarial para el segundo semestre, el pago de refrigerio para todas las jurisdicciones de la Administración Pública Provincial con retroactividad al mes de mayo de 2017, de Bonificaciones a los trabajadores que se les ha reconocido el derecho en instrumentos legales dictados cuyos pagos a la fecha no se ha efectivizado, plena y efectiva ejecución del Decreto 2361/15 manteniendo el grupo en el que revista el agente, el pase a planta del personal precarizado y creación de los cargos por necesidades institucionales y solución efectiva a los puntos de conflicto sectoriales oportunamente notificados” entre otros.

Niz precisó que fueron a la audiencia “con la expectativa de encontrar un Ejecutivo que empatice con la necesidad del trabajador, pero evidentemente las prioridades son otras, contratos de personal con sueldos que superan los 80.000 pesos, tercerización de servicios, desmantelamiento de la salud pública, desfuncionalización de los trabajadores, restricción en gastos de personal, precarización laboral, transferencia de fondos públicos a la Fiduciaria del Norte S.A., entre las acciones más cuestionables de esta gestión” concluyó.