En una presentación por maltrato laboral contra el funcionario macrista, Lucas Gattas, una trabajadora reveló la existencia de un “largo listado” de firmas que no deben ser fiscalizadas por el Ministerio.
“El Dr. Gattas ha impedido a lo largo de su gestión no inspeccionar (SIC) un amplio listado de empresas, como estudios jurídicos contables, empresas de servicios y comercios” denunciados en la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación, que el abogado conduce. Así lo aseveró una trabajadora de la dependencia nacional en Bariloche, en la presentación por maltrato laboral y persecución gremial presentada contra el funcionario el pasado viernes 13 de abril.
En el documento -que difundió en las últimas horas y que consignó el portal En estos días-, incluyó hasta el número de expediente y el nombre de una conocida empresa de Bariloche, “de la que hemos recibido continuamente denuncias por explotación laboral”, pero que por supuesta orden del funcionario no era posible inspeccionar
La trabajadora -cuyo nombre se resguarda- se desempeña en esa dependencia nacional desde hace más de diez años y es delegada de UPCN desde 2012.
Entre las serias irregularidades señaladas, responsabilizó a Gattas -ex asesor letrado durante la intendencia de Omar Goye- de inventar una denuncia ingresada al sistema con la clave de un trabajador ausente, pero que nunca se recibió por mesa de entradas.
Producto de esa acción, la Delegación realizó una inspección en la Defensoría del Pueblo el 27 de diciembre y, como dio a conocer En estos días, se constató la presencia de una trabajadora en negro, generando un acta de intimación. Sobre este tema puntual, este medio se comunicó oportunamente con Gattas, quien rechazó hacer declaraciones o confirmar la existencia de la denuncia contra la Defensora del Pueblo.
En su presentación del viernes, la empleada del organismo nacional afirmó que su jefe “ha abusado de su autoridad degradando las condiciones de trabajo, afectando los derechos y dignidad de los trabajadores”. Relató que después de actuar para evitar la desvinculación de una compañera “comenzó su revanchismo”: afirmó que el abogado interrumpió asambleas gremiales e intimidó a los asistentes, impidió la difusión de material sindical y el ingreso de delegados gremiales.
También manifestó que Gattas propinó “hostigamiento, cambio de funciones y castigos que afectan directamente sus comisiones de servicios” a los asistentes a reuniones gremiales. Y que a ella le negaron vacaciones, le establecieron límites para la licencia anual ordinaria, y la sometieron a persecuciones telefónicas.
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