En las vísperas de la movilización de este miércoles, la secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, alertó por la situación de las universidades y anticipó una masiva convocatoria en defensa de la educación pública. Por su parte, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió sobre la situación salarial de los docentes: “Estamos en la mitad de lo que habíamos solicitado”.

Para Gelpi, “acá el problema, además del presupuesto, son los salarios, que están entre un 40% y 50% por debajo de lo que hemos estado históricamente. Es mucho. Acá se discute el funcionamiento de la universidad. Hoy, la marcha es por los salarios. Es importante decir que no estoy contento con esta marcha, para mi es un día muy triste. Que un tema de educación superior tenga que pelearse en la calle lo veo absurdo, ridículo”, sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.

En sintonía, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, sostuvo que el Gobierno “tiene la posibilidad, o la tuvo todo el año, de resolver este conflicto. Muchísimas veces se planteó lo que pasaban con los docentes universitarios. Lo que me preocupa es que la sociedad está empezando a perder una de las pocas cosas que el Gobierno brinda de calidad”, aseguró.

De acuerdo a Yacobitti, “en las aulas deja de valer el código postal donde naciste y empieza a tener valor el mérito y esfuerzo, y eso es orgullo del sistema público de universidades” Y apuntó contra el desfinanciamiento para la educación pública: “No hay un solo economista en el mundo que no diga que invertir en educación es una buena inversión. Estamos muy por debajo en inversión en dólares con universidades del mundo, y estamos entre las 100 mejores del mundo”, remarcó en una entrevista con Radio Mitre. Y puntualizó: “El 80% de los docentes en la universidad que son categorías simples y semis cobran por abajo de los $400.000 y un docente con dedicación exclusiva sin antigüedad arranca en los $825.000, que está por debajo de lo que es la canasta básica de pobreza en la ciudad de Buenos Aires”.

Por su parte, Felipe Vega Terra, director del CBC de la UBA, hizo hincapié que, en lo que va de 2024, “los salarios de los trabajadores de la universidad han perdido casi un 40% respecto a la inflación, incluso están un 10% más bajo respecto al resto de los empleados estatales''.

Para Vega Torre, ''el espíritu de la marcha de hoy es absoluta y completamente pacífico y simplemente de querer manifestarse y expresar esta preocupación y un ruego al Presidente para que no cometa un grave error y no vete la ley, porque esto tiene una solución. Que la ley entre en vigencia y, en caso de que el Presidente insista en ese error, le pediremos al Congreso que la ratifique'', dijo a Radio Continental.

En contraparte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, aseguró que le llamaba “mucho la atención y en un punto lo admiro a Yacobitti por semejante capacidad para cambiar de personalidad. No sé si habla como funcionario que dirige la Universidad, como un secretario general del sindicato, como un dirigente estudiantil o como un alto dirigente del radicalismo. Lo que dice de las paritarias no es así, ni estuvo presente. Ni sabe que no se convocó a un cuarto intermedio sino a una comisión técnica, justamente, para definir los puntos en que no estamos de acuerdo. Uno de esos puntos es que hay 20 puntos de diferencia con el salario estatal”, aseguró a radio Mitre.

La preocupación de CTERA

La secretaria general CTERA de la Ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, alertó por la situación de las universidades, a la que calificó como “crítica” y advirtió: “Pueden cerrar y la sociedad lo sabe”.

La movilización prevista para las 15, en las inmediaciones del Congreso, oficia de catalizadora de otros reclamos, como lo son la realidad económica de los jubilados, el rechazo a los aumentos de tarifas y servicios, y puntualmente el pedido por mejoras salariales en los docentes y no docentes universitarios. 

“Toda la comunidad tiene una preocupación muy grande por la educación pública, sobre su continuidad, sobre su existencia, su pensamiento, sobre cómo las nuevas generaciones van a tener oportunidades para estudiar y construir un progreso social”, sostuvo Graciano en Radio Splendid.

Consultada respecto al reemplazo del FONID, luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que no lo pagaría, la dirigente sindical expuso: “Algunas provincias asumieron el pago del FONID, con otros conceptos. En otras no se está pagando y nuestro reclamo va a continuar porque es un compromiso salarial nacional”.

“El conjunto de los trabajadores y la sociedad que defienden las seguridades sociales y el derecho está enfrentando a un poder concentrado compuesto por grupos financieros, empresariales y al Gobierno”, denunció, y sumó: “Es un dique muy grande de protección para las medidas restrictivas de ajuste que ha tomado”.

En la misma línea, remarcó: “Con un dispositivo comunicacional que le garantiza una sola narrativa, la del Gobierno, la del ajuste, la del déficit fiscal. Lo que hemos demostrado el 23 de abril y se va a reeditar es que el pueblo argentino no está dispuesto a renunciar a la educación”.

Por su parte, rechazó la denuncia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien aseguró que las autoridades universitarias “inventan” alumnos para cobrar fondos al contraponer los resultados de las auditorías internas y externas. “Es una acusación infundada. Deberían mostrarse los resultados de las auditorias, no a sostener un discurso en contra de las universidades”, retrucó al respecto. 

“Si está tan preocupado no lo tiene que decir un día previo al paro sino durante todo el año. Es muy fácil salir un día de huelga a hostigar a los trabajadores”, afirmó Graciano al tiempo que aclaró que lo que debe hacer Torrendell, “además de ocuparse del financiamiento, es actualizar las partidas presupuestarias y publicar los resultados de las auditorias”.

Por último, vaticinó el impedimento para aplicar el Protocolo Antipiquetes ante la masividad de la convocatoria, y le pidió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no haya represión y que “cuide a la población porque es su obligación”. “Que garantice los derechos constitucionales como el derecho a huelga y la protesta”, concluyó.