La pretensión de la Unión Industrial (UIA) de exigir a sus empleados que se vacunen y, caso contrario, impedir su ingreso a los establecimientos y, a la vez, descontar salarios, cosechó el repudio de las organizaciones sindicales y de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) e incluso fue descartada por funcionarios del gobierno. Es que, mientras no sea incorporada dentro del calendario obligatorio, ninguna entidad pública o privada tiene la potestad de exigir a ciudadano alguno que se vacune. Mucho menos, claro, vulnerar un derecho contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo como es la de percibir un salario a cambio realizar las tareas que determina la parte empresaria.

La polémica fue calificada como una “bravuconada” cuyo propósito de fondo sería reforzar la autoridad de las patronales en los lugares de trabajo.

No existe en la Argentina una tendencia a rechazar la vacuna de parte de la población. Por el contrario, cuando solo el 21% de la población completó la vacunación completa lo que prima es el reclamo de los trabajadores y sus sindicatos de que se avance aun más.

La declaración se produce en momentos en los que la actividad económica se encuentra operando casi con normalidad y las escuelas retomaron sus regímenes educativos de tiempo completo. A la vez, se produce cuando prima la incertidumbre por la posibilidad del ingreso de la variante Delta en la Argentina, caracterizada por sus altos niveles de contagiosidad y que podría poner a prueba la efectividad de los protocolos en los lugares de trabajo, cuya aplicación sí es responsabilidad de las patronales. Apuntar a la responsabilidad individual de los trabajadores y su vacunación podría explicarse como un intento de correr el eje de la discusión y el foco de las responsabilidades a la hora de enfrentar la posibilidad de una tercera ola.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al 6 de agosto se acumulaban poco más de 450 mil casos de Covid cubiertos por el régimen de ART y que, por lo tanto, se contagiaron como resultado de su tarea laboral. De ese total, 3269 fallecieron por esa causa. El 16,2% de los contagios corresponde a la industria que, a la vez, explica el 11% del total de los trabajadores cubiertos por las ART pero apenas el 4% de los empleadores.

Entre los contagios destacan también los sucedidos entre los empleados de comercio que, con la misma cantidad de coberturas, exhiben el 12% de los contagios aunque con el 13% de los empleadores, y los trabajadores del transporte, con el 8% de los casos.

La AAL emitió un comunicado en el que asegura que “los empleadores carecen de todo fundamento normativo para intentar ejercer una represalia sobre quienes deciden optar por no vacunarse”. Además, indicó que “en el marco de la buena fe contractual, deberá propiciarse el cumplimiento de la prestación laboral, de la mejor forma, evitando los riesgos para la vida y la salud. De ninguna manera las patronales podrían imponer ningún tipo de sanción disciplinaria, ni menos aun dejar de abonar el salario. Se trataría de un accionar ilícito, nulo y contrario al orden público laboral vigente”.

La presidenta de la AAL, Cynthia Benzion, en diálogo con Tiempo opinó que “lo de Funes de Rioja fue un tiro por elevación para disciplinar. Busca subir la vara y correr el eje. No hay fundamento normativo, la vacunación no es obligatoria”.

Por su parte, Lilian Capone, neumonóloga, especialista en salud ocupacional y secretaria de Salud Laboral de la CTA-T, señaló que “Funes de Rioja estuvo en total desacuerdo con los cierres estrictos de los primeros tres meses de pandemia. Se opone a que haya comités mixtos de salud y seguridad en los lugares de trabajo y delegados de prevención así como herramientas necesarias para prevenir”.

La especialista explicó que “hicimos una encuesta y en más del 70% de las empresas no se estaban respetando los protocolos. Eso ocurre cuando no hay comisiones mixtas de salud y seguridad. En ese contexto, lo último que hay que hacer es poner una pena individual. Los protocolos, si se cumplen, sirven. Para eso hay que tener entradas escalonadas y burbujas con distanciamiento”.

Desde los sindicatos también pusieron el foco en el Estado. El titular de la UTA Roberto Fernández señaló que “hay mucha incertidumbre entre los trabajadores. Estamos muy preocupados porque no llegamos a tener todas las vacunas. El problema lo tiene que controlar el Estado. Tiene que estar preparado por si viene esta nueva variante de la enfermedad”.

Sobre los protocolos, Benzion aseguró que “se deben incumplir más de lo que se dice. No hay denuncias porque la gente teme perder el trabajo”.

Desde la cartera laboral reconocieron que la eventual revisión de protocolos debería resultar de un pedido especial del Ministerio de Salud que, al momento, no se produjo.

Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, médico y docente de la Facultad de Medicina de Córdoba, explicó que “tuvimos unos primeros meses donde se cumplieron las restricciones y la cuarentena. Había apoyo del Estado para aguantar. Desde agosto de 2020 se relajó todo. La economía le ganó la discusión a la salud. Fue a instancias de los gobiernos de CABA y del de Córdoba, pero el gobierno nacional no resistió mucho. Hubo mucha presión del capital, que no quería perder rentabilidad. En Córdoba, los chicos estaban sin clases pero en Fiat se enfermaban 30 operarios por día y presionaban para que no se hisoparan para que no tuvieran que cumplir las cuarentenas. Se pueden tomar medidas eficientes para frenar la transmisión de la variante Delta. Pero las empresas no cumplen los protocolos”, remató. 

Por Alfonso de Villalobos