Gabriel Tuñez

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, toma un fibrón negro y frente al organigrama del Estado comienza a tachar los ministerios que eliminará si llegara a ganar las elecciones nacionales del 22 de octubre. Lo hace en vivo en un programa televisivo. “¡Afuera!”, vocifera. Le lleva poco menos de 15 minutos, lapso que le basta para hacer desaparecer diez de las 18 carteras de la actualidad. “El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes”, compara días después en otra entrevista.

“En esta Argentina no hay medicamentos, no hay insumos, los médicos y enfermeros cobran miserias, se burlan de los jubilados con bonos que la inflación se devora, pero sobra el dinero para convertir el Estado en un aguantadero del kirchnerismo”, escribe en X, ex Twitter, Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).

Los dos aspirantes de las fuerzas políticas que más votos obtuvieron en las PASO del 13 de agosto último tienen entre sus principales propuestas de campaña llevar a cabo una importante reducción del Estado, abriendo la puerta a la posibilidad de despidos en las reparticiones de la Administración Pública Nacional (APN). Una estructura en la que, según el último informe de “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se desempeñaban hasta julio pasado 343.103 trabajadores, unos 1.422 más que en el mismo mes de 2022. Según estimaciones oficiales, el 35% de ellos ocupan cargos técnicos profesionales: científicos, docentes universitarios, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

La propuesta de reforma del Estado expresada por Milei tiene diferencias con relación a la de Bullrich. El candidato libertario apunta una estructura estatal mínima en sus funciones al prescindir, según anuncia en cada aparición mediática, de más de la mitad de la APN. Algunos organismos, además, pasarían a manos privadas como advirtió que hará con el Conicet, la principal institución dedicada a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Allí se desempeñan, según información oficial, unos 11.800 investigadores e investigadoras, 2.900 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación, más de 11.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado y, aproximadamente, 1.500 administrativos y administrativas distribuidos a lo largo del país.

La postulante presidencial de JxC, en cambio, proyecta una reducción del 25% de la dotación de trabajadores públicos, una medida que, en caso de implementarse, dejaría en condiciones de fragilidad a algunos ministerios y organismos. La intención de Bullrich podría asemejarse a la medida que llevó adelante Mauricio Macri durante su gobierno, cuando quedaron desvinculadas del Estado alrededor de 35.000 personas, según comentó a elDiarioAR la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.

En aquella ocasión, dijo la funcionaria, la desvinculación de trabajadores y trabajadoras de la APN se llevó adelante en el primer año de gestión de Macri y estuvo localizada en algunos organismos como Agricultura Familiar, Medios Públicos y Cultura. “También se dieron despidos más ideológicos, como dijo en su momento el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay: ‘No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis’”.

“No hay ninguna forma de llevar a cabo estas reformas que proponen Milei sin despidos de trabajadores y trabajadoras o, peor aún, la refuncionalización del Estado, porque pone en duda la continuidad de servicios básicos”, expresó Castellani.

Massa, la dotación de trabajadores y la prohibición de nuevas incorporaciones en el Estado

El relevamiento que difunde el Indec acerca de la dotación del personal de la APN se lleva a cabo desde hace poco más de un año con datos suministrados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Para confeccionarlo, toma en cuenta la información que le envían los organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado: anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresarias en las cuales el Estado nacional tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

La puesta en vigencia de este relevamiento fue una decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, a mediados del año pasado. Un año después, Massa también ostenta la responsabilidad de ser el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y competir con Milei y Bullrich en las próximas elecciones. Lo hace con un discurso en el que defiende el rol del Estado, entre otras funciones, “invirtiendo en políticas públicas” que favorezcan a la sociedad.

“Como me comprometí cuando asumimos en Economía, en la página del Indec podrán ver la información del Empleo Público de la Administración Central y de las empresas descentralizadas”, anunció Massa el 30 de septiembre del año pasado. El objetivo del informe era, según Massa, “controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la Administración Pública Nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas”, tal como había establecido por medio de un decreto su antecesora al frente del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, que solo estuvo 24 días en el cargo. 

El 22 de julio del año pasado comenzó a regir la prohibición de designar y contratar personal en el sector público. El decreto 426/2022, con las firmas del presidente Alberto Fernández, de la propia Batakis y del entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, ordenó que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, una prohibición que comprende a las distintas modalidades de designación y contratación. El fin de la decisión oficial fue “garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”.

La medida, sin embargo, estableció una serie de excepciones focalizadas, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras. Además, prevé la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado en la paritaria 2020 con los sindicatos Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El Plan procura regularizar más de 10.000 cargos ocupados bajo modalidad transitoria desde hacía 10 años o más. La iniciativa, se explicó en su momento, no implica un costo fiscal adicional ni tampoco significa un aumento en la dotación, sino que se trata de un cambio en la modalidad de contratación para cumplir con los requisitos de Ley 25.164 de Empleo Público, en vigencia desde 2021.