Por ÁLVARO RUIZ 

El mundo afronta serios dilemas vinculados al trabajo, en Occidente y particularmente en nuestro subcontinente se evidencia una tendencia regresiva en la concepción y estado de vigencia de los derechos laborales, que coadyuva a las crecientes desigualdades sociales que se consolidan como fenómeno estructural y tributario de una indecente acumulación de riquezas que el trabajo crea, pero quienes trabajan cada vez participan menos en su distribución. ¿Qué significa propender a una Agenda propositiva en el campo laboral que mantenga y avance en sentido tutelar? Justamente, la presente nota propone reflexionar a ese respecto.

Una convocatoria más que oportuna

Por iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires se realizó, entre el 18 y el 20 de agosto en Mar del Plata, el Primer Congreso Bonaerense de Derecho del Trabajo bajo el lema: “Desafíos para Expandir y Potenciar la Tutela Laboral”.

La convocatoria tuvo una respuesta masiva con más de 600 inscriptos entre los que se contaban laboralistas, legisladores y miembros de la magistratura provincial y nacional, representantes sindicales, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Trabajo como también de otros Organismos bonaerenses.

La importancia asignada a esas jornadas se evidenció tanto en el apoyo e impulso de parte de la Gobernación, como por la presencia en el acto de apertura del Gobernador Axel Kicillof junto a la Ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec, el Ministro de Justicia Julio Alak, la Directora Ejecutiva de la ANSeS Fernanda Raverta y el dirigente sindical Walter Correa a quien se presentó como el nuevo Ministro de Trabajo.

Los Paneles, Talleres y Conversatorios programados, que contaron con especialistas de larga trayectoria no sólo en Derecho del Trabajo sino en otras disciplinas e incluso con el Ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, abordaron las principales temáticas del ámbito laboral y de la seguridad social.

En su disertación Kicillof destacó la excelente gestión que viene llevando a cabo la Cartera Laboral, que se hace particularmente visible en materia de Inspección del Trabajo como en la intervención eficaz en cuanto a la conflictividad colectiva.

De modo sencillo, comprensible y ampliamente fundamentado, el Gobernador desmintió las máximas neoliberales en orden al Sistema de Relaciones del Trabajo, citando incluso a Adam Smith para dar cuenta de las falacias que se pregonan cuando se pretende someter el trabajo asalariado a las reglas del Mercado.

Más allá de la perspectiva económica de su intervención, puso de manifiesto un profundo conocimiento de la problemática laboral actual, dando un fuerte contenido político con relación a las causas y las alternativas superadoras de los fenómenos distorsivos que afectan al mundo del trabajo, destacando a la Justicia Social como ineludible objetivo que debe guiar las medidas que se adopten en la búsqueda de equilibrios entre el Trabajo y el Capital.

El mensaje político en el sentido antes indicado también resultó claro por la decisión de designar a Correa como titular del Ministerio de Trabajo, un experimentado dirigente de un gremio industrial (Secretario General del Sindicato de Avellaneda y de la Federación de Curtidores), que se corresponde con una antigua tradición peronista.

Nadie podría sorprenderse del tipo de reclamos empresariales que se mantienen inalterables por décadas, en torno a los elevados “costos laborales” que derivan de los niveles de protección de las personas que trabajan -que califican de desmedidos cuando no de refractarios a los cambios que exigen los nuevos procesos productivos-; las rigideces de las regulaciones normativas que conspiran contra la creación de empleo -por los altos riesgos que asumiría el empleador y que inhibe la predisposición de ampliar las plantillas de personal-; la presión tributaria excesiva que junto a los anteriores factores desalientan la inversión y la supuesta consiguiente generación de puestos de trabajo formales. Sin ahorrar críticas a la “intolerable” acción sindical con reivindicaciones de imposible concreción y violatorias del derecho de propiedad, acentuada por las modalidades que adoptan las medidas gremiales y que constituyen prácticas extorsivas como también configuran otros delitos, incluso encuadrables en la siempre invocable “asociación ilícita”.

La historia del siglo XX está plagada de demandas, declaraciones y quejas patronales de esa índole, acompañadas por “sesudas” opiniones de sus mentores que recoge la prensa adicta. Desde la sanción de las primeras normas laborales (descanso dominical, jornada máxima de trabajo, módica indemnización por despido incorporada al Código de Comercio), alzaron la voz para alertar sobre los peligros que significaba para el desarrollo de una economía “sana” y para el bienestar general.

Ni que decir cuando se puso en marcha desde 1944 una política de Estado francamente laboralista de protección efectiva a las personas que trabajan, consagrando derechos donde se verificaban necesidades o se verificaban enormes iniquidades, de fomento a la organización gremial y a la negociación colectiva como medio de democratizar las relaciones de trabajo neutralizando el poder absoluto del empleador y dando paso al reconocimiento de una ciudadanía laboral acorde con la ampliación de los derechos civiles y políticos.

El siglo XXI no ha mostrado diferencias relevantes en esas aspiraciones absolutistas de la clase patronal, en la configuración marcadamente antidemocrática de la empresa como ámbito de interrelación social, en el rotundo rechazo a toda participación de los trabajadores e involucramiento de sus organizaciones sindicales en lo que concierne al control de la producción, colaboración en la dirección y en la distribución de las ganancias fruto del trabajo, a pesar de consistir en derechos establecidos en la Constitución Nacional desde 1957 (Art. 14 Bis).

Cierto es que han mutado las argumentaciones discursivas a tono con una aducida “responsabilidad social empresaria”, que poco y nada se traduce en prácticas que denoten una conducta seria en tal sentido o mitiguen la total ajenidad que atribuyen a las personas que emplean como no sea en la pura materialidad de los servicios que prestan o, frente a las crisis, en la pretensión de que carguen con sus consecuencias y se solidaricen en las pérdidas.

Otro tanto ocurre con motivo de los avances tecnológicos, las nuevas formas de organizar el trabajo y la recreación de los procesos productivos que permiten, a la par de la segmentación y externalización que se traducen en deslocalizaciones, tercerizaciones y subcontrataciones que fragmentan el colectivo laboral debilitando -cuando no anarquizando- las representaciones gremiales y, principalmente, en una clara orientación a la deslaboralización de las relaciones de trabajo apelando a variados eufemismos (colaboradores, asociados, emprendedores, locadores de servicios, pasantes)

DemocraciaCuando se pierden los límites todo está en peligroPor ÁLVARO RUIZOtras perspectivas, otros intereses, otros valores

El Congreso de Mar del Plata propuso otra mirada del mundo del trabajo, centrada en el factor humano como prioritario frente al afán rentístico del capital, incluyendo temas que suelen estar fuera de la Agenda empresarial o que se niegan dogmáticamente a incorporarlos siquiera para dar cuenta de que también existen o que los hay de aquellos que precisan de una sustancial revisión con criterio tutelar.

El temario amplió considerablemente los márgenes de las clásicas preocupaciones de los empleadores, así como invitó a pensar y debatir acerca de algunos aspectos que recurrentemente son agitados en forma sesgada por ese sector.

En los diferentes espacios programados para las disertaciones y posteriores discusiones con intervención del público, en que se destacaba un alto nivel de conocimiento (práctico y profesional) que enriquecía -aún críticamente- los aportes de los expositores, se volcaron experiencias e inquietudes que dieron cuenta de la importancia de un Estado proactivo garante de los derechos de las personas que trabajan y en la defensa de la libertad sindical en los planos colectivo e individual

Allí se trataron, entre otros temas: género y trabajo; régimen de jornada; novedades en torno a la salud en el trabajo; sistemas y subsistemas de protección y prevención de riesgos laborales; el diseño de las tramitaciones para acceder a las prestaciones (asistenciales y resarcitorias) en casos de accidentes; fraude en las relaciones laborales e imputación de responsabilidad; las nuevas formas de prestación laboral y la huida del Derecho del Trabajo, el impacto de la actividad judicial en las relaciones laborales, la Justicia Social en la enseñanza del Derecho; estado de las negociaciones colectivas; la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas; la huelga en la coyuntura actual.

En la apertura el Gobernador Kicillof auguró un desarrollo fecundo del Primer Congreso, manifestando su interés en contar luego con las conclusiones que pudieran extraerse de los debates que se promovían. La impresión es que no fueron defraudadas esas expectativas, muy por el contrario estando a las exposiciones, ponencias y opiniones vertidas en esas tres jornadas, que fueron fielmente recogidas en el sumario de “Conclusiones” leído en el Acto de Cierre.

Ahora cabe esperar que todo ello nutra a la gestión gubernativa provincial, fortaleciendo la actuación destacada que desde el 2019 viene desarrollando y que sirva para recrear las estrategias necesarias para que el desarrollo productivo se sustente y se vuelque en un trabajo con crecientes niveles de tutela.

Abandonar un rol meramente defensivo

Se registra un aumento de los embates a tradicionales institutos del Derecho del Trabajo, incluso de algunos que legítimamente podían reputarse definitivamente consolidados y con indiscutible consagración constitucional; la postulación de anacrónicas concepciones de las relaciones de empleo con total abstracción de las notorias asimetrías que las caracterizan; la instalación de una idea de autonomía de la persona que trabaja para otra, basada en falaces concepciones libertarias que reducen a la condición de mercancía a la fuerza de trabajo y a quienes la proveen, que incluso exhibe un efecto singular en la utilización generalizada de la denominación “Mercado de trabajo” para referir uno de los ámbitos que conforman el Sistema de Relaciones Laborales.

En materia de salud y riesgos laborales se mantienen incólumes dispositivos de ostensible mercantilización, bajísimos niveles de cobertura de los infortunios laborales (accidentes y enfermedades), aumento constante -y sistemático ocultamiento- de la siniestralidad en el trabajo, complicidades inconcebibles y repudiables para sostener como acrecentar el negocio de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), cuyo único afán es el de lucro y, todo ello, favorecido por la desatención de lo evidente -que no es invisible a los ojos- por parte de las autoridades administrativas y judiciales que, dentro de sus específicas funciones, deberían ejercer los controles pertinentes.

En el campo colectivo se perciben fenómenos de igual matriz, como la pretensión de reducir los contenidos de las negociaciones paritarias a aspectos productivistas ligados sólo a variables economicistas con impacto en la reducción de costos y maximización de ganancias; en la estigmatización del sindicalismo sometido a constantes condenas mediáticas, objeto de persecuciones en cabeza de sus dirigentes y activistas con la colaboración de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la magistratura que desnaturalizan por completo las situaciones en que intervienen como las competencias específicas, invadiendo las propias y excluyentes de los tribunales del trabajo que, pasivamente, se someten a esas graves irregularidades.

Un claro ejemplo son las calificaciones distorsivas de la naturaleza propia de las medidas legítimas de acción sindical, la huelga en sentido estricto y todo el amplio espectro de las acciones de autotulela gremiales que comprende ese derecho humano fundamental de la clase trabajadora. Se urden maniobras constantes y guionadas, que llevan a la práctica la anhelada implementación de una “gestapo sindical”, criminalizando las protestas laborales y las demandas gremiales tildándolas de medidas extorsivas, amenazas e intimidaciones que pretenden tipificar como delitos.

En ese contexto más que acciones en procura de superar -o recuperar- estándares de tutela razonables, se han venido desplegando reacciones defensivas desde el laboralismo y el sindicalismo, sin siquiera contar con un acompañamiento eficaz y comprometido del Gobierno nacional.

Frente al estado de situación actual, es preciso retomar una ofensiva clara y contundente que exceda los estrechos márgenes de discusión que en materia laboral instala el neoliberalismo a través de sus diferentes actores y de sus teorías economicistas carentes de todo rasgo humano.

La reducción del tiempo de trabajo sin reducción de la remuneración, es un imperativo. No sólo para adecuar la jornada a las necesidades vitales de quienes trabajan y a la humanización que reclama una reconfiguración del mundo laboral, sino por sus efectos positivos en diferentes aspectos: el impacto en la generación de nuevos empleos aún sin incremento inmediato de los puestos de trabajo existentes; la repercusión en los niveles de siniestralidad, estando comprobada la incidencia que la duración de la jornada posee al respecto; la recomposición relativa del salario por la pérdida constante que viene sufriendo desde hace más de cuatro años, al producirse un directo aumento del valor hora y dar impulso a la negociación colectiva para la adecuación convencional de escalas salariales, categorizaciones y roles laborales.

La reformulación total del sistema de riesgos de trabajo -como se hizo con las AFJP-, colocando al Estado como responsable de la administración del seguro y de las prestaciones actualmente confiadas al sector privado, que se ha demostrado ineficiente e insuficiente como guiado exclusivamente por fines de lucro que no se condicen con los bienes y valores comprometidos, comenzando por la salud e integridad psicofísica de las personas que trabajan. Planteando en lo inmediato, hasta alcanzar ese objetivo, el desacople a nivel provincial de la Ley 27.348 (Complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo – 24.557) que exacerbó notablemente las peores manifestaciones del perverso Sistema pergeñado a mediados de los años ’90 con la Ley 24.557.

La ampliación de los contenidos de la negociación colectiva, reclamando una decisiva intervención de la Administración del Trabajo -y estatal en general-, particularmente para consagrar por esa vía y, también, para darle mayor sustento por vía legislativa, la participación en las ganancias de los trabajadores.

Exigir una decidida lucha contra el fraude y la consiguiente precarización laboral, proponiendo medidas legislativas dirigidas a ese fin, sin dejar de demandar un accionar indelegable en materia de policía de trabajo que corresponde al Estado en cada una de las jurisdicciones (nacional, provincial y municipales) y que actualmente se presenta en general como de baja intensidad, reivindicando el rol protagónico y colaborativo que cabe reconocer a los sindicatos en esa función.

Proponer un cambio sustancial en el funcionamiento de los tribunales de trabajo, que brinde la celeridad, eficiencia y compromiso que justificaron allá por 1944 la creación de un Fuero especializado para ese tipo de conflictividades y que sea acorde a los derechos comprometidos que se ventilan en tales procesos.

Reforzar las garantías para el pleno ejercicio de las acciones de autodefensa colectiva, combatiendo las distorsivas prácticas que cercenan el derecho de huelga y ponen en riesgo la libertad de quienes participan u organizan medidas de fuerza.

Fácil es advertir que no basta con la resistencia a los embates del capital concentrado, cuyo objetivo es erosionar hasta su mismo desmantelamiento al Derecho Social e instaurar una autocracia patronal al sólo servicio de sus intereses sectoriales. Hace falta urgentemente diseñar e instalar un Agenda Laboral del Movimiento Obrero, que incorpore temas cuya consideración es impostergable y esté guiada por un criterio tutelar, de progresividad y de primacía de los intereses de la clase trabajadora.