Por: Bettina Marengo.

La CGT Regional Córdoba espera la fecha de una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti que ya estaría concedida, según indicó el titular de la central obrera y el legislador peronista, José Pihén.

El Panal pidió un temario a priori. La intención de los cegetistas es hablar con el gobernador sobre el panorama político y electoral de la provincia, y dar señales de peso propio como principal representación gremial de los trabajadores cordobeses. En ese sentido, la foto sería una señal de fuerza hacia los otros agregados sindicales.

Otra cuestión que la central quiere abordar es el escenario de la pandemia del Covid 19 y de la pospandemia en Córdoba. En ese marco, cada rubro representado en la reunión presentará un estado de situación en su actividad en relación a precarización, ocupación, despidos, etc. Se trata de información que el gobierno maneja por fuentes propias y de las cámaras empresariales, pero los gremialistas aspiran a presentar sus problemáticas y reclamos.

Además, está el tema de la vacunación contra el coronavirus para los trabajadores de las actividades más expuestas. La Regional Córdoba no pidió oficialmente al gobierno provincial por ese tema, pero el reclamo crece en distintos sectores, mas allá del personal de salud y de educación que tienen, junto a seguridad, prioridad para el pinchazo. Dentro de la CGT, por ejemplo, el gremio de los empleados del Poder Judicial que conduce Federico Cortelleti ya elevó un pedido formal al Tribunal Superior de Justicia.

Por fuera de la CGT, el titular del gremio de Comercio, Pablo Chacón, del Movimiento de los Trabajadores de Córdoba, reclamó que se incluya a los mercantiles como trabajadores esenciales para ser vacunados, a la par que respaldó las medidas apenas restrictivas del gobierno provincial. Desde las 62 Organizaciones también están en la misma para algunos de los gremios que contiene ese espacio.

El encuentro entre la Regional Córdoba y Schiaretti sería esta semana, pero dependerá de la agenda del gobernador. Junto a Pihén asistirían los secretarios adjuntos José Porras, de Smata, Raúl Ferro, de la Asociación Bancaria, e llda Bustos, de Gráficos.

Luego de la renovación de autoridades de fines de 2019, la Regional Córdoba logró una cierta estabilidad interna, y ampliar sus bases de representación con la incorporación de nuevos gremios. Por caso, ayer se anunció el ingreso a la Regional del Sindicato de Trabajadores de Correo Oficial y Privado y del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos FADEA, con los que la CGT ya nuclea a 78 organizaciones gremiales de la provincia

Sin embargo, esto no implica homogeneidad política y electoral. Dentro de la organización hay un sector importante de gremialistas que participa del Movimiento por el Trabajo y la Justicia Social, alineado en el Frente de Todos, que en las elecciones de medio término trabajará por las candidaturas que representen a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los adjuntos Ferro y Bustos integran ese espacio, igual que otros dirigentes fuertes como Juan Monserrat, titular de la Unión de Educadores de la Provincia (Uepc). Los dos últimos integran el espacio político del senador Carlos Caserio, el candidato a senador que seguramente enfrentará al schiarettismo.

En cambio, Pihén pertenece a la coalición oficialista Hacemos por Córdoba, que impulsa a Alejandra Vigo para el Senado y sus propios candidatos en Diputados, y que cada vez se muestra políticamente más lejos del gobierno nacional. Por eso, de cara a los matices peronistas existentes dentro de la CGT, y las diferentes miradas a corto plazo (a largo, todos quieren un gobierno peronista en 2023), la pregunta es qué tipo de escenario plantearía el mandatario y qué tipo de apoyo podría darle la central obrera.

Por lo demás, la CGT tiene pendiente un encuentro de trabajo con los ministros de Industria y Comercio, Eduardo Accastello, y de Trabajo, Omar Sereno. Con estos funcionarios, la central obrera firmó, el año pasado y en plena pandemia, la conformación de una mesa de seguimiento de situaciones que ponen en peligro las fuentes y puestos de trabajo que, sostienen los dirigentes gremiales, tiene un “incumplimiento de un año”.