El secretario de Industria, Comercio y Empleo de Salta, Nicolás Avellaneda, confirmó que manejan un plan A y un plan B con el objetivo de brindar una solución al conflicto que mantiene la actual gestión de la embotelladora de agua mineral Palau con sus empleados. 

La Secretaría, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, ya había instado a los directores de la concesionaria a que cumplan con el contrato, que dura hasta 2038. Sin embargo, siguieron sin cumplir.

Avellaneda dijo que por eso dispusieron dos alternativas para darle una salida al conflicto. Como plan A, esperarán hasta la semana que viene las propuestas de posibles inversores a los que se les cedería el contrato que tiene la actual concesionaria, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Agropecuaria Las Garzas SA, Victorio Ricardo Binda y Alberto Artur de la Villarmois.

“Existían algunos interesados y posibles inversores que nos solicitaron hacer las presentaciones formales”, contó Avellaneda a Salta/12. Hasta el momento se habían presentado borradores y por ello, desde la entidad provincial se fijó un plazo que vence la semana que viene. “Hay condiciones claras que hemos transmitido a los interesados y es que se garantice la estabilidad laboral y se pague la deuda salarial de los empleados”, subrayó el funcionario.

Los empleados reclaman que la actual concesionaria les debe los sueldos desde abril, además no recibieron el aguinaldo y desde hace dos años no poseen aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) ni obra social. En la embotelladora, que se ubica a 5 kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera, se desempeñan actualmente 14 trabajadores que se movilizan diariamente al lugar.

Como plan B, se maneja un nuevo llamado de licitación. Esto se daría si es que no se llegara a ningún acuerdo con algún inversionista o que Ejecutivo considere inconsistentes las propuestas presentadas. “La última palabra la tendrá el ministro de Producción (Martín de los Ríos)”, señaló el secretario.

En el caso de que se tenga que llegar al segundo panorama, “se generaría un proceso de licitación para que se presenten los oferentes”, indicó Avellaneda. Señaló que ese procedimiento podría llevar de dos a tres meses y que en ese tiempo nombrarían a "un administrador del gobierno provincial para que no deje de funcionar la planta y se generen los ingresos para cubrir el sueldo de los trabajadores y los gastos mínimos de funcionamiento de la planta”.

Desde el Gobierno de Salta afirman que se mantiene un objetivo claro: dar solución a los empleados y reactivar la planta. 

“Una situación que no da para más" 

Andrés Acosta fue el empleado que se encadenó en la mañana de ayer en las puertas de la embotelladora. Después de permanecer unas horas se descompensó al sufrir un pico de presión, lo que provocó el cese de la medida. En diálogo con Salta/12 dijo que “la situación no da para más”. 

Acosta afirmó que el pago que recibe (y que viene del programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción-ATP) no es suficiente en relación a los gastos que debe afrontar. “Tengo a mi señora operada del corazón y no le puedo cumplir con su tratamiento porque no me están pagando y no me alcanza con lo que me da el Gobierno nacional. Por eso me encadené”, lamentó.

“Necesito pagar medicamentos que están arriba de los 5 mil pesos”, dijo. Afirmó que su caso no es el único porque “hay compañeros que han cortado tratamientos de salud que son costeados por nosotros porque estamos sin obra social”. “Los costos los maneja cada compañero”, agregó.

El trabajador sostuvo que ya pasaron cuatro meses en que la actual concesionaria les adeuda salarios. “Nos deben sueldos desde abril y el aguinaldo”, subrayó. Con los ATP, los 14 trabajadores están recibiendo un poco más de 16 mil pesos, monto que se encuentra muy por debajo de los sueldos que recibían, que eran superiores a los 50 mil pesos.

Sin embargo, Acosta señaló que los problemas con los directivos no se iniciaron a causa de la pandemia, y que este es un justificativo que les dieron desde la empresa. Denunció que las irregularidades comenzaron el año pasado cuando en los últimos meses empezaron a pagar los sueldos en cuotas. 

En la jornada de ayer dialogaron con Francisco Alderete, el actual gerente de la empresa, quien les informó que “están tratando de buscar solución y nos pidieron tiempo”. “Yo no les creo porque así venimos desde hace tiempo”, cuestionó el trabajador. “Ya se habían comprometido a pagar y no lo hicieron, nos pidieron producción para pagar los sueldos, pero no lo hicieron”, dijo. 

Incluso planteó que ni siquiera reciben ayuda económica de la empresa para garantizar el traslado de los trabajadores al edificio que está fuera de la ciudad. Lo que lleva a que de la plata recibida de los ATP un porcentaje mayor al 30% sea destinado para tal fin.

“Apelamos a la solidaridad del gobernador Gustavo Sáenz para que nos solucione el tema con un auxilio financiero para poder salir adelante”, expresó el trabajador. 

Por su parte, Fabián Vargas, delegado del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines (SUTIAGA), dijo que lo que pasó ayer en la planta fue una situación que se “desbordó”. Por los hechos, el representante de los trabajadores recibió el llamado del ministro De los Ríos y de Avellaneda.

Después de que las autoridades les informaran el plan que tenían desde el Ministerio, el trabajador recibió un segundo llamado en el que le  notificaron que hoy se reunirán representantes del gremio con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta, Ricardo Villada. “No sé los puntos que se van a tratar en esa reunión, pero sólo espero que sea una solución para mí y mis compañeros”, finalizó Vargas.