La Justicia provincial investiga por estas horas la participación de dirigentes de distintos gremios en la estructura de fraudes y estafas con fondos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), maniobras que habrían significado pérdidas en el presupuesto del organismo por unos 2.800 millones de pesos sólo entre los años 2014 y 2015.

La lupa está puesta en el rol que desempeñaron los delegados gremiales como vocales del directorio de la obra social que presta servicios a dos millones de bonaerenses. Pero también, sobre funcionarios vinculados con entidades sindicales que fueron denunciados y que, en algunos casos, serán llevados a juicio en los próximos meses.

Básicamente, las denuncias involucran a los vocales representantes de los gremios UPCN y Suteba en el directorio de la entidad, donde cada uno de los sindicatos (los mayoritarios en la Provincia) tiene un sillón. En ese marco, se apunta a la supuesta responsabilidad de esos delegados en maniobras como la autorización de compras directas, uno de los mecanismos a través del cual se habrían cometido estafas, básicamente con la adquisición de medicamentos, prótesis e internaciones domiciliarias.

Dentro de las investigaciones penales por estafas, hay algunas en estado muy avanzado, cerca de la instancia oral. Es el caso que tiene como principal involucrado a Waldo Vera, ex empleado administrativo de IOMA que formaba parte de las filas del gremio que conduce Carlos Quintana, apuntado por supuestos fraudes a través de “cheques voladores”.

MALVERSACION

Vera, a quien la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata le confirmó recientemente la prisión preventiva, está acusado por el delito de “peculado”, es decir malversación de fondos públicos, y por falsificar y quedarse con 1.740.000 pesos a través de diversos cheques falsos.

“Formaba parte de UPCN”, explica, en referencia a Vera, el titular de la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Seillant, impulsor de más de treinta denuncias vinculadas a distintos mecanismos para cometer fraudes y estafas en el organismo, que abarcan medicamentos, internaciones domiciliarias, prótesis, atención en clínicas, compra de computadoras que no ingresaron al instituto y hasta tratamiento de personas fallecidas.

En la Justicia bonaerense, las investigaciones por este tipo de maniobras forman un complejo y extenso entramado de causas que recorren varias fiscalías. Según datos oficiales, desde diciembre de 2015 a esta parte la Fiscalía de Estado bonaerense interviene en 19 causas en representación de la Provincia a partir de denuncias por maniobras de irregularidades.

En esa fecha se produjo la salida de Antonio La Scaleia, quien fuera presidente de IOMA durante la gobernación de Daniel Scioli. Su gestión fue uno de los blancos a los que apuntó Elisa Carrió en la denuncia que abrió la investigación en la fiscalía de Alvaro Garganta por malversación de fondos y lavado de activos contra el ex gobernador.

Una de las causas más avanzadas, cerca de la instancia del juicio oral, es la que investiga una presunta red de profesionales para realizar estafas con medicación oncológica. En total, son once imputados, entre los que hay médicos, famarcéuticos, visitadores y ex funcionarios de IOMA.

Según la acusación que elevó la fiscalía, los acusados ingresaban pedidos de medicamentos oncológicos de pacientes inexistentes y ya fallecidos con recetas adulteradas provistas por farmacias. Luego, auditores de IOMA involucrados en la maniobra autorizaban la compra de esos medicamentos, que eran entregados, en vez de a los inexistentes pacientes, a un visitador médico que los reducía y los ponía en venta en farmacias.

“Desde el directorio se permitieron todos estos actos de corrupción”, especifica Seillant en diálogo con EL DIA, y en referencia a los vocales que integraron el directorio de IOMA en representación de los sindicatos mayoritarios.

La “trama gremial” fue expuesta en la mayoría de las más de 30 denuncias impulsadas por la Asociación de Profesionales que conduce Seillant, fundada en 2006 con la idea de formar una suerte de “escuela” de auditores de los servicios que cubre la obra social.

Entre las denuncias, hay una que se tramita en la UFI 2 por delitos de acción pública y enriquecimiento ilícito contra el ex presidente de la entidad La Scaleia y varios funcionarios de la gestión. Entre los acusados está Luis Pérez, vocal que integraba el directorio en representación de UPCN. Además, en la denuncia Seillant pide que se investigue también el presunto enriquecimiento ilícito de Patricia Nisembaum, vocal de IOMA por el gremio Suteba.

Seillant, que además conformó el Sindicato de Profesionales del IOMA, también apunta a un mecanismo que, dice, se fue extendiendo, que fue la creación de empresas que, denuncia, pertenecen a dirigentes gremiales.

Un caso emblemático es el que terminó con la detención de Eugenio Pirani, quien fue director regional en Junín, secretario zonal del gremio en ese distrito, cuya pareja figuraba como titular de una firma, Hestia S.A, que prestaba servicios a la obra social y cometía estafas al hacer figurar como que brindaba tratamientos a personas que en realidad ya habían fallecido.

Los muertos que siguen figurando como beneficiarios de servicios que cubre IOMA es uno de los mecanismos de estafas más habituales en la obra social. Y para Seillant, nada de esto podría haber ocurrido “sin la venia de estos delincuentes vestidos de funcionarios que dicen defender los derechos de los trabajadores”.

“Desde las vocalías se permitió este tipo de corrupción, porque UPCN no sólo ponía a la gente que entra, sino los funcionarios. Sin la venia del directorio no se podría haber llevado adelante el vaciamiento de la institución”, dispara.