Alberto Fernández le pidió a la Confederación General del Trabajo (CGT) que se sume a un pacto de gobernabilidad junto con la Unión Industrial Argentina (UIA) que busca serenar la economía y darle sustento político al Gobierno.

Fue durante una cena reservada que tuvo lugar el martes pasado en la sede de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), en Dean Funes al 1200, en Capital, y que permitió que los sindicalistas superaran algunas diferencias que mantenían con el Presidente y, a la vez, ratificaran su compromiso de ayudarlo en medio del conflicto político que atraviesa con Cristina Kirchner luego del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El primer mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, mientras que por la central obrera participaron dos de sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Estaba previsto que fuera Antonio Caló (UOM), pero ese mismo día fue desplazado de su cargo por seccionales rebeldes. En cambio, no fue invitado el otro cotitular de la CGT, Pablo Moyano (Camioneros), con quien sus colegas mantienen una relación tensa. El único ausente con aviso fue Gerardo Martínez (UOCRA), quien estaba en Suiza para participar de una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El clima del encuentro fue relajado y cordial. Los sindicalistas venían de dos reuniones, hace dos semanas, en las que surgieron duras críticas contra el Presidente y su gabinete por los “problemas en la gestión”, la indiferencia oficial ante los reclamos gremiales y la crisis financiera de las obras sociales, que, según la dirigencia cegetista, están “al borde del colapso” y “sin soluciones” oficiales.

Los integrantes de la CGT le plantearon a Alberto Fernández sus dudas sobre las consecuencias del entendimiento con el Fondo: están convencidos de que, pese a la promesa presidencial, traerá aparejado un fuerte ajuste económico. El jefe del Estado lo relativizó y les aseguró que se trataba de la única alternativa que tenía a su alcance para evitar resultados “mucho peores” para los trabajadores.

Sin cargar las tintas contra la Vicepresidenta, el Presidente se quejó de “la incomprensión” que se produjo en el Frente de Todos ante el acuerdo con el FMI y aseguró: “Muchos critican, pero esos mismos no aportan ninguna alternativa que no nos lleve al default”.

La comitiva cegetista pidió que lo firmado no implique ninguna limitación para las paritarias y el primer mandatario les prometió lo que querían escuchar: “No hay ninguna posibilidad de que los salarios pierdan poder adquisitivo”. Aunque algunos dirigentes no quedaron tan convencidos, Alberto Fernández insistió en que “no habrá topes” ya que “confía” en la prudencia del sindicalismo.

Los dirigentes gremiales saben que el Gobierno incentiva un techo del 45% para las paritarias de 2022, mientras que se están generalizando herramientas para mitigar el alza de la inflación como los anticipos salariales y los acuerdos trimestrales.

Allí fue cuando el Presidente les pidió colaboración para suscribir un “pacto de gobernabilidad” con el Gobierno y la UIA. El mismo jefe del Estado, cuando anunció “la guerra contra la inflación”, había informado que esta semana iba a convocar a empresarios y sindicalistas para hablar sobre un acuerdo de precios y salarios. Ese encuentro al final no se produjo y se anunció que tendría lugar la semana próxima, aunque con la intención oficial de darle un contexto políticamente más amplio a lo que se firme de manera tripartita.

El único momento de tensión se produjo cuando uno de los dirigentes cegetistas le planteó a Alberto Fernández su disconformidad con las medidas que afectan al campo. “Estamos chocando con las mismas piedras de antes. Parece que buscamos otra resolución 125 cuando el agro debería sumarse a los acuerdos. No puede ser que todos los días nos inventemos nuevos enemigos”, protestó. El Presidente, contemporizador, le dio la razón y aseguró que está “buscando soluciones” para acercarse a las agrupaciones rurales.

Otro reclamo sindical estuvo vinculado con las obras sociales. Los sindicalistas le dieron detalles de cómo la crisis financiera que tiene el sistema de salud por la pandemia se agravó por el aumento de los insumos médicos y el costo de las prestaciones. Alberto Fernández escuchó con atención y acordaron que mantendrán una reunión con Manzur la semana próxima para hablar de este tema.

La preocupación sindical creció la semana pasada, luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud giró a las obras sociales sólo 2500 millones de pesos en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad cuando debía haber transferido 4000 millones de pesos. Entre ingresos y egresos, las obras sociales funcionan con un déficit de 50.000 millones de pesos.

Para colmo, el Gobierno nunca les envió a las obras sociales unos 4700 millones de pesos que faltan transferir de un total de 11.000 millones para compensar los gastos de transporte y educación en el rubro discapacidad. El Presidente se lo prometió a la central obrera en dos oportunidades a lo largo del año pasado, pero el dinero todavía no llegó a sus destinatarios. Ningún sindicalista le mencionó a Alberto Fernández esta promesa incumplida en la cena de Sanidad, pero la central obrera quiere volver a la carga con ese reclamo.

Entre los dirigentes cegetistas que estuvieron con el Presidente no hay mucha expectativa en el éxito de “la guerra contra la inflación” y sospechan que la convocatoria al “pacto de gobernabilidad” será más una foto que una iniciativa que ayude a bajar los precios. Pero, una vez más, el sindicalismo agrupado en el sector de “los Gordos”, los independientes y el barrionuevismo apostará a ayudar a Alberto Fernández para no agregar tensión en un momento de debilidad política de la Casa Rosada y no beneficiar a Cristina Kirchner.

Para precalentar el terreno, dirigentes de la CGT reforzaron sus contactos telefónicos con dirigentes de la UIA: comparten los mismos temores sobre el agravamiento de la crisis política en el oficialismo y la necesidad de garantizar la gobernabilidad. Los llamados se multiplicaron luego del acto kirchnerista por el 24 de marzo. Causó mucha preocupación el duro discurso de Máximo Kirchner y las declaraciones de otros dirigentes de La Cámpora. “Así nunca va a bajar la inflación”, coincidieron sindicalistas y empresarios.