Por Marcial Amiel.

Los sindicatos que nuclean a trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana, con fuerte presencia territorial en Buenos Aires, se preparan para dar la pelea en defensa de sus derechos y del interés nacional, ya que entienden que la función recaudatoria se ve seriamente amenazada con los últimos anuncios nacionales. 

Esta semana, la gestión de Javier Milei afirmó que disolverá la AFIP y la reemplazará por otro organismo más chico, del que dependería también la Aduana, denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin más datos que la conferencia del vocero Manuel Adorni, el anuncio activó rápidamente los reflejos de los representantes sindicales en toda la provincia.

El contexto es de creciente efervescencia, y combina reuniones de delegados, de comisiones directivas, encuentros intersindicales, asambleas masivas, paros de dos horas diarias y retención de tareas, como medidas planteadas en esta etapa inicial, que podrían ir in crescendo. Algunas son programadas y otras surgen a último momento. Uno de los consultados es el bahiense Sebastián Más, secretario general de esa regional de Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP) y secretario de Organización en la CGT local.

Para Más, la medida obedece a tres objetivos: "El primero es político y tiene que ver con el discurso contra los empleados públicos, el gasto y la motosierra, aunque es muy dudoso que con esto vayan a ahorrar algo. El segundo, también político y que es gravísimo, es que a diferencia de AFIP, que hoy es un ente autárquico, la nueva agencia pasaría a la órbita del Poder Ejecutivo. De ahí a que se utilice la información impositiva de los ciudadanos con fines de persecución política hay apenas un paso”.

Por último, Más advierte sobre la intención de restarle capacidad de control al organismo, para favorecer a los grandes evasores. "Ellos van a ser los grandes beneficiarios, los que tienen grandes estructuras profesionales al servicio de la evasión”, dice. Su análisis coincide con la definición que el presidente Milei dio tiempo atrás, de sí mismo y de la misión de su gobierno: “el topo que viene a destruir el Estado por dentro”. 

Uno de los elementos centrales de lo que los sindicatos entienden como una destrucción, de concretarse, estaría dado por el fin de la “cuenta de jerarquización”, una suerte de incentivo percibido, atado a la evolución de la recaudación. Ese ítem representa alrededor del 70 por ciento del salario actual, que aunque es uno de los mejores del sector público, está muy por debajo del que podrían cobrar los mismos profesionales en el sector privado.

Un ingresante cobra alrededor de 1,2 millones de pesos y un profesional de quince años de antigüedad, con aplicación de título, cerca de 2,4 millones. Sin ese componente, los primeros cobrarían un sueldo mínimo y los segundos por debajo de la línea de la pobreza. 

Ana Benítez conduce la regional La Plata de AEFIP y asegura que algunos de sus compañeros llevan "noches sin dormir", producto de la angustia y la ansiedad. "Por un lado estamos en pleno cierre del blanqueo, que implica una carga de trabajo enorme; pero por otro, nos quieren achicar, algo que suena contradictorio e irracional", sostiene.

Los días martes y miércoles pasados, los trabajadores fiscales de la capital provincial llevaron adelante asambleas rotativas en cada una de las tres sedes que el organismo tiene en la ciudad. El jueves hicieron otra, de carácter conjunto, que será recordada por la masividad. AFIP tiene en La Plata 425 trabajadores, de los cuáles más del 90 por ciento son jefes de familia con hijos a su cargo.

Lucía Rodríguez, a cargo de la regional Junín de AEFIP, destaca otro elemento: "Hay un componente importante de cinismo y perversidad en el gobierno. Un funcionario público, el vocero, anuncia que felizmente van a despedir a más de tres mil trabajadores calificados. Veinte mil familias quedan esperando la medida, pero pasan dos, tres días y no anuncian nada. Eso se llama perversidad, no se puede calificar de otro modo". 

Según advierten desde el sindicato, aquellos que ganan más de 30 millones de pesos mensuales son los 17 cargos políticos que designó la actual gestión y que seguirán  cobrando aún después de la reforma, ya que fueron las autoridades actuales quienes  definieron esos salarios. "En plena crisis, le quieren hacer creer a la gente que ganamos eso para que nos odien, porque siempre buscan un chivo expiatorio", explican.

La situación en la Aduana

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara), por su parte, es un sindicato de alcance nacional, con delegaciones en todos los puertos y aeropuertos internacionales. Están en Mar del Plata, La Plata, Necochea, Bahía Blanca, San Pedro, San Nicolás y Ezeiza. Sus representantes se reunirán el viernes de la semana próxima en Buenos Aires, en un plenario extraordinario, para definir allí un plan de lucha.

Los equipos técnicos de ambos sindicatos realizaron un estudio comparativo según el cual el supuesto ahorro en sueldos, por los despidos, sin contar los posibles y probables juicios laborales, se va en el gasto de recambio de marquesinas, cartelería y uniformes con el nuevo logo. "Queda claro que el objetivo no es fiscal, es otra cosa", definen.

Mientras, del miércoles 23 al viernes 25, los trabajadores llevan adelante un cronograma de paros parciales y asambleas, en las que anticipan "una masividad nunca vista". En Mar del Plata, alcanzó al 80 por ciento de la plantilla. El 20 restante no asistió por motivos de distancia: prestan servicios en Tandil.

"Reiteramos el absoluto repudio y rechazo a este anuncio unilateral, arbitrario e inconstitucional que no sólo procura avasallar al conjunto de la clase trabajadora sino también a sus familias. Esta organización sindical realizará todas las acciones gremiales y judiciales necesarias a fin de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo que se ven amenazados por estas medidas", sostiene uno de los párrafos salientes del comunicado emitido por la entidad.

"Asimismo, advertimos que quienes lleven adelante las medidas anunciadas deberán asumir las consecuencias y responsabilidades políticas y penales de su ilegítimo accionar", señala el texto.

Esa es, señalan los abogados sindicales, una de las posibles claves del conflicto. De confirmarse en una norma lo anunciado por el vocero presidencial, porque aún no se dio a conocer ningún instrumento jurídico, se estaría violando el principio de estabilidad del empleado público, garantizado por convenio colectivo. 

"Quieren rajar a gente que es planta permanente, que para ocupar su lugar rindió y aprobó exámenes y atravesó un determinado procedimiento administrativo, el anuncio de despedir a los que entraron entre 2019 y 2023 tiene un innegable componente político", sostiene un dirigente. 

Internacional

AEFIP integra, junto a los judiciales y la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), la Red de Impuestos, Control y Justicia, conocida en el mundo sindical como Red ICJ. Estos sindicatos tienen una problemática común, vinculada a los controles en el ejercicio del poder político y el manejo del estado, que se da de manera muy similar en otros países del mundo y la región.

A lo largo de sus diez años de historia, la red construyó y fortaleció un importante abanico de relaciones internacionales,  pensando en situaciones como la que enfrentan hoy los trabajadores de AFIP y Aduana. 

Por este motivo, los integrantes de la red no descartan, llegado el caso, presentar recursos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otros organismos similares. "Seguimos el conflicto con mucha atención y evaluamos qué pasos seguir", explicaron a Buenos Aires/12.