Por Diego Lanese.

“Terminamos con el negocio histórico de las intermediaciones en el sistema de salud de nuestro país”. Con estas palabras definió el ministro de Salud nacional Mario Lugones la decisión de su cartera de terminar con la triangulación de aportes entre obras sociales sindicales y prepagas, una medida que entró en vigencia en febrero de este año. la idea de que los trabajadores deriven los aportes directo a las empresas privadas afecta a 1.300.000 empleados en relación de dependencia, y fue visto como un duro golpe contra los sindicatos. Desde que asumió el gobierno nacional, se tomaron medidas para desregular el sistema sanitario, beneficiando de manera ostensible a la pata privada del modelo de atención.

La puesta en marcha de este cambio puso en alerta a los gremios, que amagaron con una reacción inmediata, pero pasó esta semana y las decisiones se fueron postergando. Es que todavía está en discusión las consecuencias de esta medida, que afecta a las entidades consideradas “sellos de goma”, es decir, que sólo funcionan derivando fondos, se quedan un porcentaje de esa operación y prácticamente no dan prestaciones. Un informe confirmó que la medida compulsiva tomada por el Ministerio de Salud afecta a un tercio de los afiliados, y puede generar “serias disrupciones” en el sistema.

El funcionamiento de la seguridad social coordina las tres patas del sistema: público, privado y obras sociales sindicales y provinciales. Desde la desregulación de los 90, los trabajadores pueden derivar aportes de la entidad que les corresponde por rama de actividad a las prepagas. Pero hasta ahora ese traspaso debía pasar por una obra social. A partir de acuerdos, muchas de estas sólo se dedican a triangular, y se quedan con un porcentaje por esa tarea –que va del 5 al 10 por ciento –y caso no tiene prestaciones.

Pero la resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud dispuso que los afiliados que derivan aportes tienen que enviarlos directamente a la prepaga, de manera compulsiva, o bien, quedarse en la obra social derivadora y recibir de ella los servicios médicos. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en las obras sociales nacionales “hay aproximadamente 13 millones de afiliados”, de los cuales “unos 4.200.000 derivan su aporte a una prepaga, mientras que los restantes 8.800.000 de afiliados no derivan aportes”. “Estos datos muestran que las personas involucradas en la derivación de aportes representan un tercio del total de afiliados a las obras sociales nacionales”, recalcó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.

Para el IDESA, “la coerción del gobierno implica un cambio muy masivo con el riesgo de generar serias disrupciones en el funcionamiento de la medicina privada”. En este sentido, alertaron, “es muy sugerente que tanto el Ministro de Salud como el Superintendente de Servicios de Salud, ente regulador de las obras sociales y prepagas, se excusaron de firmar la norma y se tuvo que apelar a los asesores del Ministerio de Salud. Una improvisación que seguramente será cuestionada en su legalidad”.

Uno de los principales problemas del sistema de obras sociales identificado por este análisis es que “se obliga a brindar el mismo paquete prestacional (el llamado Programa Médico Obligatorio o PMO) a personas con muy diferentes niveles de aportes”. Esto lleva a que “haya familias sub-financiadas, es decir, que con sus aportes resulta imposible financiarles el PMO”. En este marco de inconsistencia financiera “las obras sociales derivadoras cumplen un rol fundamental”, ya que “permiten a las familias con ingresos suficientes acceder a una prepaga, mientras que las familias sub-financiadas quedan en las obras sociales con un acceso parcial al PMO y muchas veces atendidas en los hospitales públicos”. “Prohibir la derivación de aportes para que todas las familias elijan una prepaga directamente, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que agravará la crisis de financiamiento que sufre la medicina privada”, recalcaron.

Reacción sindical

Ante este cuadro de situación, hubo una primera reacción de mucha preocupación, al punto que se decidió realizar una reunión de la mesa chica ampliada de la CGT para analizar el tema. La cita era el lunes pasado, pero se suspendió, lo que despertó las suspicacias. La cumbre debía hacerse ayer jueves, pero hasta ahora hay hermetismo sobre lo resuelto.

Al parecer, la conducción de la central obrera eligió mantenerse distante en este tema, ya que la mayoría de las grandes obras sociales no se verán afectadas por esta medida. La idea inicial era denunciar a los funcionarios que firmaron la disposición, por “abuso de autoridades”, pero hasta ahora no se avanzó en el tema, según pudo saber Data Gremial. La cuestión de los fondos de la asistencia en materia de salud es clave en la relación de los gremios con los gobiernos, y en tiempos de ajuste no se ve con buenos ojos tensar la relación con la Casa Rosada.

LE PUSIMOS FIN A LAS INTERMEDIACIONES

Hoy terminamos con el negocio histórico de las intermediaciones en el sistema de salud de nuestro país.

Los aportes y contribuciones de cada beneficiario serán enviados directamente al Agente del Seguro que haya elegido, sin ninguna… https://t.co/wY1eIfXcaN

— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) January 31, 2025

Ante la falta de acciones concretas, algunos dirigentes activaron una reunión en la sede del Sindicato de Capitanes de Ultramar, donde muchas de las entidades que están en la mira de la medida oficial, que expusieron sus dudas. Allí se anunciaron presentaciones judiciales por parte de las entidades, que esperaban “el paraguas de la CGT”, pero ante la falta de respaldo, lo harán de manera individual. El primer ensayo había sido que fuera voluntario; como la medida no tuvo impacto y los trabajadores no optaron por eso ahora el gobierno lo hace de manera compulsiva, una de las cuestiones que generaron dudas entre los afectados.

Propuestas

Con el escenario planteado, IDESA plantea una serie de propuestas para mejorar el sistema de atención de los trabajadores. “Para mejorar el funcionamiento del sistema de obras sociales hay que aumentar los aportes de las familias sub-financiadas”, recalcaron. Si todas las familias estuvieran razonablemente financiadas, analizaron, “las prepagas no necesitarían los servicios de la obra social derivadora dado que podrían atender directamente a todas las familias”.

Por eso, aseguraron que se puede corregir este problema, sin costo fiscal, “asignando el 100 por ciento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a reforzar los aportes de las familias de más bajos ingresos”. “Distribuir de manera automática el FSR para aumentar los aportes más bajos es un criterio superador al uso actual que subsidia a las obras sociales con criterios discrecionales y prebendarios. Focalizar el 100 por ciento del FSR en las familias de menores ingresos es una política mucho más consistente con la solidaridad y la libertad”, agregaron.  

En paralelo, “es muy importante ordenar el PMO eliminando prestaciones que no son de atención médica”. Por ejemplo, “los servicios sociales para la discapacidad, las adicciones, los acompañamientos familiares o el financiamiento de la innovación en medicamentos que son de muy alto costo. Todas estas prestaciones, actualmente incorporadas al PMO, deberían estar a cargo de otras agencias del Estado como ocurre en los países bien organizados”.