La información la divulgó el diario La Voz del Interior de Córdoba: al titular de OSECAC -la obra social de los empleados de comercio-, el histórico dirigente Armando Cavalieri, se le promovió una acción penal por defraudación y administración fraudulenta. La cuestión es que las acusaciones también se dirigen a otros miembros de su mesa directiva, entre ellos el líder del Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, Alfredo Beliz. En total hay 13 involucrados en la causa, informó La Voz, pero ninguno está detenido.

A Cavalieri, Beliz y los demás imputados se los acusa de presuntas maniobras irregulares en el marco de la causa de la financiera Cordubensis (CBI). En ese marco, el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, realizó el miércoles pasado un allanamiento a la sede central de OSECAC en la Capital Federal.

Efectivos de Prefectura Naval coparon el edificio en busca de pruebas que relacionaran a Cavalieri y a miembros de la mesa directiva de la entidad con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en Mendoza, San Juan y San Luis.

Según se investiga, esos valores habrían sido monetizados en Córdoba por el contador del empresario Euclides Bugliotti, Javier Guevara Amado, en la mesa de dinero que funcionaba en CBI.

La información proporcionada por fuentes judiciales señala que, además de Cavalieri y Beliz, están imputados Pedro Ángel Mezzapelle, Daniel Andrés Ruberto, José Luis Oberto y Carlos Alberto Restivo.

A estos dirigentes de OSECAC se les atribuye el delito en calidad de autores, mientras que a Bruno Rodolfo Cricco, Alejandro Domingo Mateo, Mariana Rojas, Juan Antonio López, Mario Rolando Ramírez, Rafael Ricardo Molina y María Fernanda Sánchez se les asigna el rol de partícipes necesarios.

Según la descripción de los hechos formulada por el fiscal federal Enrique Senestrari, el grupo de directivos de OSECAC ideó una maniobra para defraudar a la entidad. Estos contaron con la asistencia de empresas creadas por terceros no identificados para actuar como prestadores de salud y funcionar como intermediarios en el sistema de salud. En principio, la obra social habría pagado a supuestos prestadores por prácticas que no se habrían brindado.