Por Felipe Osman.

Córdoba se convertirá -si la Ley Ómnibus se aprueba- en el epicentro de la política nacional, al menos por algunos días. Así lo decidió el propio presidente, al convocar a todos los mandatarios provinciales a Córdoba para firmar el “Pacto de Mayo”, el 25 de ese mes. Y el gremialismo cordobés parece dispuesto a recoger el guante. 

Por estas horas, la CGT Córdoba, conducida por Federico Corteletti (Judiciales), Ilda Bustos (Gráficos) y Andrés Colazo (Empleados del Jockey), se dispone a convocar a una movilización para rechazar la iniciativa presidencial que propone a los gobernadores una declaración de principios conjunta, entre los cuales figuran una reforma laboral y previsional.

La convocatoria de la CGT antes conducida por Pihen tiene serías chances de ser correspondida no sólo por las dos CTA y los movimientos sociales, sino también por la CGT Regional, conducida por Edgar Luján (Camioneros), Ricardo López (Sanidad) y Rubén Urbano (Metalúrgicos), con lo cual la “bienvenida” del gremialismo a Milei podría mostrar a casi todo el arco gremial unido en rechazo a sus políticas. “Casi”, decimos, porque cuesta saber qué resolverán las 62 Organizaciones Peronistas, que pronto tendrá un plenario para definir postura, pero hasta ahora han mostrado un alineamiento total con el Gobierno Provincial.

Ahora bien, la renovada sintonía que muestran las dos CGT cordobesas merece un análisis en retrospectiva.

Tras el paro del 24 de enero, que encontró a ambas centrales celebrando actos separados, se empezó a reconstruir el diálogo entre los dos triunviratos, con la idea de coordinar un accionar conjunto. Así nació la mesa de “Unidad en la Acción”, de la que participan los máximos conductores de cada central, que tuvo su primer reflejo en la movilización del 24 de marzo, donde los gremios que integran la CGT Córdoba y la CGT Regional se movilizaron detrás de una misma bandera.

En rigor, la reconstrucción del entretejido gremial comenzó del lado de la CGT Córdoba, que ya venía manteniendo una asamblea permanente con las dos CTA, los movimientos sociales (de todo el espectro ideológico) y organizaciones estudiantiles, de género, ambientalistas, de pequeñas y medianas empresas, vinculadas a la salud y demás. 

En el marco que plantean, en simultáneo, las políticas desplegadas por el Gobierno Nacional y esta incipiente “Unidad de Acción” de gran parte del movimiento obrero, la agenda del gremialismo se vuelve más intensa.

El 23 de abril, la CGT Córdoba ya ha confirmado participará de la movilización que liderarán las organizaciones estudiantiles de la UNC, en el marco de una jornada nacional de protesta contra el recorte a las universidades de todo el país que tendrá su epicentro en Capital Federal.

El 1 de mayo, atendiendo a la convocatoria de la CGT Nacional, las dos CGT cordobesas movilizarían, aunque aún resta resolver una cuestión logística: el transporte. Se espera que la central nacional coordine, con la UTA, que el Día del Trabajador haya transporte para poder movilizar, pero aún no hay definiciones.

El 9 de mayo, otra vez, las centrales cordobesas adherirán a la convocatoria de la CGT Nacional. Aunque todavía no está definido si también si movilizarán. ¿El por qué? El 25 de mayo. Como se dijo, es muy probable que los sindicatos que integran una y otra central manifiesten ese día su rechazo a las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, y para alcanzar una convocatoria amplia es importante no desgastar la capacidad de movilización de las bases, que no es infinita.

El capítulo provincial   

Los sindicatos estatales, nucleados en la CGT Córdoba, también mantiene un conflicto abierto con el Gobierno Provincial. Al margen de la paritaria que encara el SEP, y que todavía no se reabre con la UEPC, todos los sindicatos públicos han manifestado su preocupación por el deficiente funcionamiento del APROSS y el aumento de los aportes que, por vía de nuevos fondos, impactan en los haberes de los estatales. A saber, el Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (FOSAET) y el Fondo de Enfermedades Catastróficas (FEC).

Tras una con el gobernador, los gremios estatales consiguieron la suspensión por 30 días del cobro del FOASET, pero la Provincia pretende reponer los descuentos con la próxima liquidación de haberes y los gremios lo resisten.

En cuanto al FEC, los sindicatos reclamaron que el fondo, implementado por una resolución del Gobierno, se reajustara mensualmente según la evolución del a inflación cuando las paritarias están cerrando un 50 por ciento por debajo del IPC. En este punto, el Centro Cívico reconoció el error y accedió a reajustar en base a la variación salarial. Sin embargo, los otros frentes siguen abiertos.