Por

Mariano Martín

El Gobierno intentará desde marzo poner en marcha un plan de paritarias cero. Se trata de la meta que se propusieron los equipos de Economía y Capital Humano para reducir al mínimo los ajustes salariales bajo la premisa de que sean el ancla inflacionaria en 2025. A cambio los funcionarios les ofrecerán a los sindicatos avanzar con acuerdos parciales, por regiones o por empresas, sólo en los casos en que el sector privado se comprometa a no trasladar las subas acordadas a los precios de sus productos. 

El programa implica un paso más en el torniquete que aplicó en 2024 la administración de Javier Milei sobre la ronda de paritarias, en particular a partir del segundo semestre. En ese sentido, y tal como adelantó en exclusiva El Destape, la orden de Economía a la Secretaría de Trabajo fue no homologar ningún incremento salarial que se fijara por encima de la expectativa inflacionaria del propio oficialismo. Esto implicó que se forzaran a la baja nominal acuerdos como el del sindicato de Camioneros o que directamente se negara la validación legal a otros como el de Sanidad. 

El cronograma para este año prevé en los hechos una suspensión de las paritarias tal como se llevan adelante en la Argentina desde su reanudación, en 2004. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de transmitir a los gremios la línea oficial de no autorizar negociaciones salariales con la inflación pasada o prevista como guía sino, únicamente, ajustes en áreas geográficas o unidades productivas con capacidad de absorberlos sin impacto sobre precios. Eventualmente, y siempre con el mandato de "paritarias tendientes a cero", podrá haber aumentos pactados en negociaciones colectivas en tanto y en cuanto se ubiquen nominalmente por debajo de la evolución del costo de vida. 

En la tesis del Ejecutivo la supresión de las paritarias eliminará el argumento empresarial de subir los valores de sus productos para compensar el incremento en sus costos laborales. De ese modo, alegan, el efecto en términos de poder adquisitivo sería neutro porque la inflación también debería tender a cero en los próximos meses. En la cartera laboral se entusiasman en explorar esta alternativa a partir de marzo, con la reanudación habitual de la ronda de paritarias (pese a que ya en los últimos años la dinámica inflacionaria hizo que los acuerdos fuesen de corto plazo, bimestrales o trimestrales) o a más tardar, en abril. 

El plan no fue consultado con la CGT, admiten en el Gobierno. De hecho los funcionarios le reprochan a la central obrera haber torpedeado una reunión tripartita de diálogo (Ejecutivo, empresariado y sindicatos) que la administración libertaria ya había comunicado a periodistas para el 18 de diciembre. Se da por sentado que la inmensa mayoría de los gremios rechazará el bloqueo a las negociaciones pero en el oficialismo creen que en algunos casos podrán hacer que prevalezca la discusión de menor jerarquía, un viejo anhelo de las patronales argentinas deseosas de restarles poder a los sindicatos. 

El arma fundamental con la que cuenta Milei para imponer la clausura de paritarias es la misma que utilizó Trabajo en la segunda mitad del año pasado para atenuar la nominalidad de las subas salariales: la negativa a otorgar la homologación de Trabajo, es decir la firma que le otorga valor de ley a un acuerdo entre partes y lo hace obligatorio para los suscriptores. Esa modalidad disparó conflictos puntuales y hasta una amenaza de paro nacional de Camioneros pero no un accionar coordinado desde la CGT. El caso del gremio de Hugo Moyano es paradigmático porque en lugar de concretar la huelga, la organización acató una conciliación obligatoria y luego firmó un ajuste por debajo de lo que había preacordado con las cámaras de transportistas. Parte de esa disputa también derivó en la salida de Pablo Moyano del triunvirato de la CGT. 

Las negociaciones por región o por empresa son contrarias al espíritu constitutivo del modelo sindical argentino, en el que prevalecen los acuerdos nacionales como base de sustentación de todas las discusiones y habilita para los debates de menor jerarquía un espacio para mejoras de ingresos ligadas a la productividad o a las características propias de la actividad en determinadas áreas. Un quiebre en esa dinámica representaría un golpe letal para el poderío de los gremios que no exploró hasta ahora ningún gobierno no peronista. 

Los libertarios saben que no será fácil instrumentar el plan. Creen, sin embargo, que habrá algunos gremialistas dispuestos a transitar un camino de paritarias a la baja o incluso congeladas a cambio de compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo, sobre todo en actividades productivas amenazadas por la caída en el consumo y la apertura de las importaciones. También se les ofrecerá estimular negociaciones tendientes a modernizar los convenios colectivos de trabajo y garantías de bloquear proyectos de ley como los del radical Martín Tetaz pensados para cortar vías de financiamiento de las organizaciones.