Por: Esteban Rafele.

Unos mil trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) del área metropolitana dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias, gracias a una medida cautelar favorable que obtuvo el gremio que los representa y que el Estado trasladó a las empresas Metrogas, Naturgy y TGS para que no retengan el gravamen, la semana pasada.

El fallo, al que accedió Cenital, es uno de los pocos favorables para los trabajadores que salieron en distintos fueros laborales del país en los últimos meses, desde que el Gobierno reglamentó el impuesto a las Ganancias que rige a partir de los salarios de julio. Detrás de la sentencia -cuya rareza contrasta con la gran cantidad de amparos que los gremios presentaron a nivel nacional y por seccional- se esconde una actitud evasiva de los jueces, según abogados laboralistas, y la certeza de que la Corte Suprema terminará definiendo la suerte del tributo a los ingresos.

El fallo favorable a Stigas es del 23 de septiembre y lo dictó el juzgado laboral N° 27. Pero recién se hará operativo ahora. El viernes pasado, la abogada que representa al Estado informó que, luego de una intimación del 15 de octubre, la AFIP informó a las empresas que no debían retener Ganancias a los trabajadores bajo convenio. Por supuesto, el Estado también apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, instancia previa a que intervenga la Corte.

“Milei había votado a favor de la supresión de Ganancias (como diputado, en 2023) y ahora lo reinstaló. Lo consideramos una vergüenza y una acción contradictoria, con un carácter anti trabajadores que muestra claramente cuáles son las políticas del Gobierno”, le dijo Pablo Blanco, secretario general de Stigas, a Cenital.

“Esta victoria tiene impacto en lo económico y en lo moral, y marca el camino para que otras organizaciones sindicales que tienen situaciones jurídicas que no se han definido tengan una rápida resolución”, agregó. “Ya hablamos con las empresas para instarlos a que rápidamente instrumenten mecanismos para devolver lo que retuvieron en septiembre y octubre y la suspensión del cobro a partir de noviembre”, añadió el dirigente sindical.

La puja de los gremios contra el Gobierno por la reimplantación de Ganancias tiene varias aristas y la Corte Suprema sabe que deberá definir el partido. “En el Poder Judicial, la ley de la gravedad funciona al revés: todo sube”, resumió una fuente tribunalicia. Lo llamativo es que ni los jueces ni el Gobierno parecen tener apuro en que eso ocurra.

Hasta el momento, hubo pocos amparos favorables para los trabajadores. El más relevante fue el que consiguió, el 16 de agosto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), en la Ciudad de Buenos Aires, pero con alcance nacional. También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) obtuvo una cautelar, pero para los trabajadores porteños. La Bancaria consiguió un fallo favorable de Cámara -paso previo para la disputa en la Corte- en Chaco.

Otra gran cantidad de planteos quedan en un limbo. “La mayoría de los jueces forma parte de la Asociación de Magistrados, que presentó su propio amparo por Ganancias, y entonces se excusan, entonces las causas pasan de un tribunal a otro”, dijo Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y letrado de la Federación de Aceiteros y de ATE Nacional, entre otros.

La demanda de Aceiteros, por ejemplo, pasó por varios juzgados hasta que el último se declaró incompetente, por entender que es un tema que debe dirimir el fuero Contencioso Administrativo -ese es el argumento del Estado para rechazar las demandas- y no el Laboral. La apelación del sindicato elevó el tema a la Cámara del Trabajo.

Los gremios acumulan argumentos contra el impuesto a las Ganancias. El más recurrente es la supuesta inconstitucionalidad del Título V de la ley Bases, que legisló sobre el tributo y que el Senado no trató. “El capítulo de Ganancias no fue votado como corresponde. El Senado quitó ese capítulo y Diputados insistió, pero no hubo doble sanción y el Senado no actuó como cámara revisora”, argumentó Lilia Alonso, asesora sindical y abogada del estudio de Carlos Tomada.

Es el disparador que se repite en las distintas demandas: como el Senado decidió no incluir Ganancias al sancionar la ley Bases y luego, al devolver el texto a Diputados, la cámara ratificó su inclusión, el impuesto sería inconstitucional. Esto supondría tratar el capítulo en cuestión como una ley específica y no como un grupo de artículos dentro de un proyecto más amplio. Ahí está la cuestión de fondo que la Justicia deberá dirimir y que, más allá de las cautelares, no avanza.

Otros gremios suman argumentos más particulares. Alonso, por ejemplo, representa al Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Estos trabajadores de sueldos elevados y largas rutinas en el mar se ven afectados por un impuesto que, dicen, es confiscatorio, y por la eliminación de un inciso que eximía a las horas extra del tributo. “Se afecta más de lo que prevé el artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo, que impide que se confisque más del 20% del salario”, dijo la abogada. “Y, en el caso de los marinos, la derogación del inciso X (de la ley de Ganancias) afecta las horas extras, y son trabajadores que pasan 90 o 120 días embarcados y no pueden decidir hacer o no un turno de más”, añadió.

El Estado afirma que estas cuestiones se deben dirimir en el fuero Contencioso Administrativo, aunque el fuero Laboral tendría competencia por la afectación del salario. Más allá de estas cuestiones, lo que sorprende a operadores judiciales es la parsimonia con la que todos mueven las causas. Los jueces, con sus propios intereses, se excusan. Pero el Gobierno tampoco acelera contra fallos que, además de ser derrotas políticas, afectan la recaudación. Se limita a acatar y a apelar, sin ruido mediático ni amenazas de per saltum.

Desde la reglamentación de la ley Bases, unos 800.000 trabajadores volvieron a pagar Ganancias, con alícuotas de entre 5 y 35%. Fueron alcanzados los salarios desde $1,8 millones brutos, aunque el piso subió 13% a partir de septiembre. Desde el plano fiscal, la reforma inyecta recursos coparticipables a la Nación y las provincias por 0,4% del PBI hasta fin de año, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los magistrados, por ahora, se limitaron, en el mejor de los casos, a otorgar amparos. No hubo fallos sobre la cuestión de fondo -la constitucionalidad de la ley-. Los amparos hacen que los trabajadores no paguen el impuesto mientras dure la cautelar. Algunos abogados advirtieron sobre lo riesgoso de la estrategia que definieron los gremios: si en algún momento la sentencia se da vuelta o la Corte falla a favor del Gobierno, este podría cobrar de golpe todo lo que no recaudó en estos meses.