En la resolución emitida, la Secretaría de Trabajo invocó el fallo de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien había considerado que el mandato como autoridad del gremio de Ángel García “se encuentra, a la fecha, ampliamente cumplido de conformidad con la normativa legal y estatutaria aplicable, sin que se hubiese instado por la organización sindical, la convocatoria para el inicio de un nuevo proceso electoral”.

Luego del fallo de la justicia laboral, “se dispuso remitir las actuaciones al entonces MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a efectos que disponga los mecanismos necesarios para que la organización sindical pueda llevar adelante el proceso electoral correspondiente de conformidad con lo dispuesto por la ley de Asociaciones Sindicales, su decreto reglamentario, el contenido de sus estatutos y lo allí resuelto”, expresa la resolución.

La Cámara había sentenciado en aquel momento en base a la Ley de Asociaciones Sindicales que “En el supuesto que la asociación sindical no efectuare la convocatoria en los términos correspondientes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá intimar a la entidad a hacerlo dentro del plazo que fije, transcurrido el cual, sin que la intimación haya sido correctamente cumplida, designará uno o más delegados electorales al solo efecto de realizar la convocatoria y ejecutar los demás actos que hubiere menester para llevar adelante la elección, sustituyendo en ello a las autoridades sindicales”

La argumentación de la cartera laboral a favor de la intervención en el proceso democrático se funda en las graves impugnaciones “efectuadas tanto por afiliados como por listas interesadas en su participación” entre ellos, Julio Gutiérrez y Christian López, dos de los candidatos que compiten por la conducción del gremio.

Resolución

Como bien decíamos, uno de los denunciantes ha sido el candidato de la lista Azul, Christian López ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 12, hecho que valió la suspensión de los comicios del pasado 6 de agosto y su reprogramación para el 8 de octubre, también con suspensión por las denuncias de López, lo que obligó a la Junta Electoral a informar su reprogramación para el 11 de diciembre de 2024.

A la nueva fecha también le valdría nuevas impugnaciones por incumplimiento de la Junta Electoral con respecto a la entrega de padrones con la debida antelación y a los plazos estipulados en la ley y el estatuto de la entidad gremial pero aún así se mantuvo la referida reprogramación.

“En virtud del estado de los expedientes judiciales citados, la multiplicidad de actores en la vida institucional de la entidad, las listas oficializadas que competirán en el proceso electoral, la diversidad de impugnantes en autos y las objeciones interpuestas referidas al actuar de la Junta Electoral, corresponde disponer el nombramiento de un funcionario que actúe juntamente con el Órgano Electoral de la entidad, a fin de encauzar el proceso comicial.”, sostuvo el dictamen de Cordero, cuya misión sera “velar por la transparencia de los procesos electorales; el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales; evitar mayores situaciones de conflictividad; garantizar la democracia sindical y mantener la paz social”. La misión del Secretario de Trabajo recayó en el señor Martín Miguel MOYANO BARRO, quien formalmente ocupara la designación como “Delegado Electoral de la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.”