La jueza María Servini dictó la nulidad de la intervención de la seccional Salta del Partido FE. Se trata de la plataforma electoral que usó el ex sindicalista de la UATRE para hacer campaña y posicionarse como candidato de La Libertad Avanza. Ahora pedirán que se investigue la utilización que hizo de los fondos públicos.
En un fallo que puede ser premonitorio, la jueza electoral María Romilda Servini dictó la nulidad de la intervención de la seccional Salta del Partido FE, herramienta política que había fundado Gerónimo “Momo” Venegas y que ahora está en manos del cuestionado ex sindicalista de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Pablo Ansaloni.
La intervención, promovida por la conducción central del Partido, fue informada a las autoridades de Salta intempestivamente y de forma inconsulta. Por ello, con el sindicalista José Ibarra a la cabeza, optaron por judicializarla. La consideraban una maniobra de Ansaloni para quedarse con la estructura política de cara a los comicios.
Con el paso de las semanas, Ansaloni devino en candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, la alianza electoral que encabezó como postulante a Presidente al libertario Javier Milei.
El fallo de Servini, del que ya tienen conocimiento las partes interesadas, es el primero de un efecto dominó que se espera en los próximos días. Es que fueron en total 17 las seccionales que intervino Ansaloni para poder manipular la estructura partidaria.
Más sospechas sobre el accionar de Ansaloni
De hecho, esta semana se espera que un grupo de dirigentes del Partido FE, que vivieron en otros territorios lo mismo que pasó en Salta, se reunirán en la sede de las 62 Organizaciones Peronistas, en la calle Fragata Sarmiento. Allí los reunirá el mismo José Ibarra, repuesto titular de FE Salta y esperan encarar una acción colectiva.
Lo que sospechan los dirigentes es que, detrás de la ola de intervenciones de Ansaloni, lo que hubo fue una maniobra para apropiarse de los recursos que debía destinarles el Estado Nacional para financiar las candidaturas partidarias y que, adicionalmente, esos fondos fueron para alimentar a La Libertad Avanza.
Por ello, según explicaron, promoverán una investigación judicial sobre el actual diputado nacional electo. Buscarán que se determine si hubo un manejo indebido de fondos y la apropiación para uso personal de los recursos públicos.
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