Urgía aprobar y justificar dos años, el 2020, postergada dicha asamblea por la pandemia, y el año en curso que finalizaba, 2021.

Para esto debían garantizar el trámite y la parodia de asambleas simbólicas, sin cuestionamientos ni participación real, como lo vienen haciendo desde hace décadas. Primero determinaron una fecha clave de actividad comercial, 22 de diciembre, y un horario que imposibilitaba a muchas y muchos trabajadores de empresas privadas a movilizarse. Las 14 hs.

Bajo amenazas de despidos a trabajadores de la Obra Social y el sindicato, sumado un grupo de jubilados, que contienen con beneficios de las instalaciones, mientras les recortaron acceso y servicios fundamentales de salud; movieron la estructura para el montaje que convalide sus cuentas. Intentaron como si no hubiese oposición, en una decadente visión y negación de la realidad y la política, hacer lo que siempre hicieron.

Pero en su negación tendieron su propia trampa. Enterados de que la Granate Morada, lista opositora, decidió participar. A sabiendas de su gran capacidad de movilización, a pesar de la fecha y la hora, buscaron y tomaron previsiones para evitar el ingreso.

Con barras bravas contratados de la hinchada de River Plate, y un lamentable y escandaloso operativo policial; que en un principio acordó con Ramón Muerza y un grupo de dirigentes y abogados, acompañar la columna opositora, para evitar cualquier situación de agresión, en un ingreso ordenado, seguro y de quienes acrediten su afiliación.

Pero eso no era posible, a mitad del puente Scalabrini Ortiz, un retén de infantería sin orden judicial, más que la de un comisario cuyos efectivos se negaban a dar su nombre, impidió el paso contrapuesto a lo acordado con anterioridad. Así sometieron a miles de trabajadores a la intimidación bajo los rayos insalubres del sol.

Ante semejante ilegalidad, no pudieron sostener el bloqueo y se vieron obligados a permitir el ingreso de los afiliados, a cuenta gotas.  De los miles de trabajadores de Comercio que fueron a ejercer su derecho democrático solo algunos cientos lograron pasar.

En el desfiladero de vallas se podía observar a los barras contratados por la Comisión Directiva, reducidos tras un cordón policial y cámaras policiales que microfilmaron esa situación. Los denominados “Patovicas”, personal también contratado, que todos los afiliados conocen porque se apostan todos los días en los edificios del sindicato, eran los encargados de requerir el carnet de afiliado, el DNI y el recibo de sueldo.

Una vez superados los escollos y dentro del recinto otras vallas dejaban fuera de la asamblea a quienes iban a participar en disidencia y tenían como objetivo solicitar la palabra. Ese solo hecho, pedir la palabra por fuera del libreto, disruptivo del mecanismo falaz de “APROBADO POR UNANIMIDAD”, los llevo a la torpeza y fuerza bruta.

Ramón Muerza que también tomó sus previsiones, ingresó con un grupo de compañeras mujeres a la cabeza, que antes recurrieron al INADI y otros organismos para solicitar se garantice la integridad física. También se hicieron presentaciones en el Ministerio de Trabajo, para que sus veedores actúen según deberes de funcionarios públicos y garanticen la participación democrática de todas y todos los afiliados

Las acusaciones de violencia emitidas en un comunicado de la CGT, cuya autoría es de Hector Daer, aliado incondicional de Cavalieri, y signado por la oposición como partícipe del fraude electoral en el sindicato de Comercio en el 2018. Tuvo como único objetivo lograr la rúbrica y convalidación de semejante mamarracho institucional.

La realidad que todos conocen, es que no hubo más que escaramuzas y fue el propio Muerza que puesto al frente de la situación ordenó no entrar en provocaciones.

Ante tal situación hubo un compromiso del Secretario de Organización ante los presentes que la Asamblea no se realizaría. Sin embargo, tras varios minutos aprovecharon la salida pacífica de los afiliados de la oposición para realizarla a puerta cerrada con un grupo de trabajadores que habían recluido sorpresivamente en los micros.

La única violencia real que vivieron ese 22 de diciembre los trabajadores, y las y los empleados de comercio, fue institucional. Tanto para la oposición impedida en sus derechos a participar democráticamente y según estatuto, como la de quienes forman parte de la estructura obligados a hacerlo so pena de despidos.

Vale destacar el repudio que salió con la firma de directivos de FAECyS. Donde como epílogo, textual: …nos identificamos y acompañamos en la expresión (de Cavalieri) “NO VAMOS A ENTREGAR EL SINDICATO”

A confesión de parte relevo de prueba. Este secuestro de las instituciones por parte de la Comisión Directiva cuya ilegitimidad no es invisible a los ojos, tiene que cesar. El Sindicato es de las y los trabajadores, y su conducción deben definirla democráticamente sus afiliados, las y los empleados de comercio. Y no hay nada que entregar, sino acatar la voluntad de las mayorías.

Pero para quienes todo vale en función de sus intereses, las peores prácticas que atentan no solo contra la democracia sindical sino que socavan la convivencia democrática de nuestra sociedad en su conjunto, son parte de una escuela que se remonta a la dictadura militar y que tanto daño nos ha causado.

Lo que siempre fue potestad de un grupo reducido de Directivos que se apropiaron de la vida institucional del gremio, hoy quedó expresado de la forma más grotesca a la luz social. Los miles de trabajadores y trabajadoras que fueron impedidos en sus derechos exigen la verdad. Pruebas existen de sobra. Para empezar, las cámaras policiales, las que se encontraban dentro del recinto, fotografías, videos, testimonios…etc.

Nuestro tiempo, siempre es una convocatoria para hacer y construir, dar respuestas a la necesidad y realidad que atravesamos y vivimos como trabajadores. Salir de la nociva impunidad y de las viejas consignas que se basan en la mentira como propaganda, en la rosca, y en los intereses personales.

Para dar un paso adelante, hacen falta dirigentes genuinos que salvaguarden la vida institucional y democrática, y el compromiso colectivo con las y los trabajadores de nuestra amada patria.