La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una serie de plenarios de cara al Paro General de estatales del 5 de diciembre con movilización a Plaza de Mayo a partir del mediodía y ya se anticipan altos niveles de acatamiento en todo el país. Además, las asambleas continuarán durante los primeros días de la semana en todos los ministerios y organismos nacionales.

"Con el plan de lucha que los estatales definimos apenas asumió Milei, hemos evitado hasta ahora más de 150.000 despidos y el cierre de varios organismos y empresas públicas. Debemos profundizarlo en diciembre”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien encabezará una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas a partir de las 9 en la sede de la Federación Judicial Argentina (Rincón 74, CABA).

"El malestar en la Administración Pública es generalizado. Al recorte de los salarios, se le suman exámenes, supuestamente de idoneidad, pero que en realidad persiguen por finalidad estigmatizar. Se anticipa un alto acatamiento a la huelga del próximo jueves en todos los ministerios y en las provincias”, agregó el dirigente. Las protestas se replicarán en todo el país con manifestaciones, asambleas, radios abiertas y cortes de ruta.

En este marco, Aguiar concluyó: "La última paritaria fue vergonzosa y empujó a la pobreza a miles de empleados públicos. Tenemos que seguir peleando hasta lograr sacarle la lapicera a los que firman acuerdos a la baja”.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional -aceptado por UPCN- fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz.

En este marco, el sindicato exigirá durante las protestas la reincorporación inmediata de los 20 mil trabajadores despedidos de la Administración Pública Nacional, según el relevamiento propio de la entidad.

También expresará el rechazo al intento de desguace y privatización de las empresas públicas, como así también a los exámenes de idoneidad inconstitucionales ideados por el Poder Ejecutivo.