La secretaria general de Atech, Rosa Petrovich, manifestó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, para establecer “cambios” en la Ley 2956 –con la modificación de dieciséis artículos-, que establece el Régimen de la Dirección Provincial del Trabajo.

En ese sentido, la gremialista afirmó que esos cambios “representan lisa y llanamente la conculcación del derecho constitucional de huelga, mediante la insólita pretensión de legislar que la entidad sindical, en caso de decidir medidas de fuerza, deberá comunicar a la Dirección de Trabajo con un día hábil de antelación, dándose de patadas por supuesto con la Ley nacional de Asociaciones Sindicales”.

Asimismo, Petrovich indicó que “de los cinco días establecidos actualmente para con el plazo de vigencia de la conciliación obligatoria, pretenden ahora extenderlo a quince días hábiles, y prorrogable hasta cinco días hábiles más”, y aseguró que “claramente el objetivo del gobierno es ganar tiempo para continuar dilatando lo más posible toda resolución de conflicto del sector que fuere, eludiendo brindar las respuestas concretas”.

La dirigente docente señaló que “el novedoso y conculcatorio proyecto del Gobierno provincial plantea además determinar de manera ‘sui géneris’ qué servicios serán considerados ‘esenciales’ o no, convocándose para ello a audiencias públicas por parte de la Defensoría del Pueblo a los distintos sectores de comunidad”.

“El paso siguiente, la singular ‘obligatoriedad’ impuesta por el poder político de turno para que como tales sean garantizados a cualquier precio, conculcando derechos constitucionales como el de huelga, el que de mucho tiempo a esta parte viene más que acechado, con la arbitraria e inconstitucional Resolución Nº 506/13 MECCyT de la Provincia del Chaco, por la que determinaron designar suplentes a los docentes adheridos a medidas de fuerza”, afirmó Petrovich.

Por último, alegó: “Desde la ATECH nos preguntamos cuándo y cómo, el poder político de turno; la Justicia y todos los que tienen poder de decisión, en vez de pretender dificultar el ejercicio de derechos constitucionales como el de huelga; de pretender quebrar la vida interna de las organizaciones sindicales y de avasallar de una u otra manera el ejercicio de derechos legítimos, constitucionales, legales, protegidos por acuerdos internacionales, se van a dedicar a garantizar en serio todos los derechos que como ciudadanos nos corresponden, y no “servicios o guardias mínimas, o servicios que resulten esenciales, pero solamente cada vez que los trabajadores que llevamos adelante medidas de fuerza ante la sordera que caracteriza a los gobiernos a su turno y en reclamo de los salarios dignos que merecemos, las condiciones dignas de trabajo, la infraestructura adecuada, tanto en salud, como en educación, justicia y como en todo aquello que tenga que ver con la seguridad que clamamos a gritos se nos garantice como sociedad”.