Por

Ricardo Carpena

El gobernador Axel Kicillof dio marcha atrás: resolvió que la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), perteneciente al Estado bonaerense, ya no pedirá la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes (SUTPA), liderado por Florencia Cañabate y Facundo Moyano, por haber desoído la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen y que derivó en un paro con levantamiento de las barreras en la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la costa atlántica.

Ambas partes, por iniciativa del mandatario provincial, integraron una mesa de negociación para intentar acuerdos en los reclamos del sindicato, incluyen desde el despido de un gerente defendido por el sindicato hasta “la falta de un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”, pasando por la no efectivización de casi 100 empleados. El SUTPA, de todas formas, exige desde hace cuatro meses la renuncia del presidente de AUBASA, Ricardo Lissalde, quien fue diputado provincial del massismo y hoy responde a Kicillof, que no piensa removerlo.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto el lunes 2 de enero, luego de que la empresa denunció que el paro comenzó sin aviso y que impidió tanto el “cobro manual como el cobro automático del peaje”, en una momento del año “crucial para el trabajo operativo al 100% de nuestros colaboradores, atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.

El SUTPA levantó las barreras en las rutas hacia la costa en protesta contra AUBASA

La situación se agravó tras una audiencia realizada el viernes pasado en el Ministerio de Trabajo, en la que AUBASA le pidió al Ministerio de Trabajo que multe y pida la cancelación de la personería del Sindicato de Peajes por haber desoído la conciliación obligatoria. “Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante”, dijo Moyano a Infobae.

Para el dirigente gremial, la profundización del conflicto con Axel Kicillof obedeció a que “se lo ha tomado como una pulseada personal”. Y agregó: “Estamos hablando de una empresa de una provincia gobernada por un progresista y peronista que pide que desaparezca un sindicato. Tanto que amenazan con que viene la derecha, ¿para qué va a venir si ya están haciendo todo esto?”.

Facundo Moyano no descartó que en la dura actitud de la empresa del Estado bonaerense contra su sindicato haya influido la postura contraria al kirchnerismo que él ha sostenido desde que dejó su banca de diputado nacional: “Puede haber algo de eso -admitió-, pero todo es parte de un problema político y de falta de dirección. Al presidente de AUBASA lo puso (Sergio) Massa, al vicepresidente lo puso Axel (Kicillof) y al ministro de Trabajo bonaerense lo puso Máximo (Kirchner)”.

“En línea con un gobierno ideológico como el de la provincia de Buenos Aires, es un desastre. (En AUBASA) tienen de abogado a Funes de Rioja, que es un abogado de empresas con otro perfil, amenazan con descontar salarios de los trabajadores no sólo por este conflicto sino también por el anterior. Están llevando todo al extremo”, consideró el hijo de Hugo Moyano.

La postura del SUTPA fue respaldada desde entonces por las principales entidades sindicales del país, que se unieron para cuestionar a Kicillof y a AUBASA: la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), la Unión de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y las 62 Organizaciones rechazaron en duros términos el pedido de cancelación de la personería del sindicato liderado por Cañabate y Facundo Moyano.

“Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato; ni Macri se animó a tanto", dijo Facundo Moyano

Por un lado, la CGT expresó su “rechazo y repudio” a la resolución de AUBASA y consideró que “este tipo de decisiones atentan contra los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores del país, desconociendo lo establecido por la Constitución Nacional, en los Convenios OIT N° 87 y 98 y la Ley 23.551, y nada tienen que ver con la convivencia en un ámbito democrático”.

“El respeto de derechos fundamentales como el de huelga y la preeminencia de la libertad sindical excluyen la represalia y la amenaza como mecanismo de abordaje y búsqueda de solución de los conflictos -afirmó la central obrera en un comunicado de prensa que firma su Consejo Directivo-. Sólo a través del diálogo social se podrá construir y transitar el necesario camino al acuerdo”.