Por: Emiliano Russo.

Tras una nueva jornada en la que se hizo sentir la protesta piquetera sobre los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de más de 140 mil planes Potenciar Trabajo caídos a causa de una auditoría oficial, el Gobierno se encuentra en una suerte de encerrona: por un lado empuja la obra pública y festeja los bajos números de desocupación, pero también encuentra dificultades para avanzar en la formalización de los beneficiarios y trabajadores precarios por los bajos salarios existentes en el mercado laboral.

Falta de mano de obra

Un funcionario de estrecho vínculo con Alberto Fernández graficaba en las últimas horas este panorama: por un lado, celebró los bajos números de desempleo y la febril actividad económica que se registra en varios distritos del interior. Citando una conversación con el intendente de Coronel Pringles (Lisandro Matzkin), aseguró que en esa ciudad del centro-oeste bonaerense no se consigue mano de obra para acompañar el ritmo de la obra pública.

El problema, aunque no se mencionó en esa charla, hay que buscarlo en los bajos salarios. Desde hace 7 años, con la excepción de 2017, el salario real viene cayendo pero la inflación del 95% registrada en 2023 no hizo más que agudizar el fenómeno.

En el ministerio de Trabajo, por un lado, han celebrado que se superaran los 13 millones de trabajadores registrados. Pero un informe interno subraya que sólo la mitad de ese universo logró el año pasado empatar o superar a la inflación: el resto cayó frente a la avanzada de los precios. El panorama entre los informales es sensiblemente peor.

Unidad Piquetera reclamó este martes contra la suspensión de planes de Potenciar Trabajo a quienes no completaron el registro.

Los sueldos cada vez alcanzan menos

Según informó Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la CTA Autónoma, del último muestreo del SIPA (el sistema integrado de trabajadores en blanco) se desprende que los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de 4 personas fue de $145.948.

Ahí radica la dificultad del Gobierno en formalizar a este universo de trabajadores precarios: los bajos salarios no son incentivo y por eso muchos continúan en la denominada economía popular.

En este contexto, el diputado Juan Carlos Alderete, advirtió hoy que hubo una "redistribución de la pobreza" por lo que no se ha logrado cumplir con el mandato de la campaña electoral 2019. En este sentido, denunció que "hubo una brutal transferencia de ingresos hacia los que más tienen. Hoy no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Se puede tener un trabajo formal y ser pobre. De los informales ni hablemos".

Es también referente de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), que integra los denominados "Cayetanos", y es una de las que administra los planes sociales.