Lo más controvertido es lo que sucede con el Fondo Compensador, previsto en el convenio colectivo 165/75, que tiene como objeto mejorar el haber de los jubilados de Epec si este no alcanzara el 82 por ciento. Está integrado por un aporte obligatorio del activo más un dos por ciento de Epec, que lo suspendió por ley desde julio de 2018, con objeciones judiciales de todos los gremios.

De los 82,2 millones de pesos que ingresaron al Fondo en el último ejercicio, sólo $ 10,9 millones fueron distribuidos entre los jubilados. En asamblea general ordinaria del 29 de septiembre de 2016, se modificó el reglamento del Fondo Compensador y se dispuso que parte de esos fondos irían a cubrir los gastos de la administración central.

Trascendió que en breve el Centro de Jubilados y Pensionados de Epec –que hace tiempo reclama la distribución del remanente entre los jubilados– presentará una denuncia penal al respecto.

De los 255 millones de pesos que gastó el SLYFC, 155 millones fueron para funcionamiento de la administración central. De ese monto, $ 71 millones lo aportaron los afiliados al gremio (activos y pasivos) mediante la cuota sindical, pero el resto se cubre con aportes del Fondo Compensador, de Turismo, Vivienda, Deportes y Préstamos, áreas que reciben recursos directos de Epec porque, según el convenio, tienen destino específico.

A primera lectura, eso indica que a gastos administrativos (que según la sospecha de la Procelac serían fraudulentos) van fondos que debieran haberse aplicado a su uso específico, como la construcción de viviendas o la mejora de las colonias de vacaciones.

CONTENIDO RELACIONADOLuz y Fuerza: el “mecanismo” de defraudación que describe la investigación de Procelac

Según el ejercicio, el gremio cuenta con 52,2 millones de pesos en efectivo (en el ejercicio anterior, eran casi dos millones). Llama la atención que en el ejercicio anterior había un egreso de 17 millones de pesos en concepto de “toma de deuda” y que en este ejercicio ingresaron 17 millones como deuda, aunque no se precisa de dónde.

Néstor Zarza, Oscar Roldán y Susana Altamirano componen la comisión revisora de cuentas y el balance lleva la firma de Sergio Murúa como auditor independiente. Este no hace referencia a los cheques que fueron rebotados por falta de fondos, aunque aparecen 7,8 millones de pesos en gastos bancarios que podrían reflejar las multas que se pagaron al rescatarlos.

En las cuentas por pagar de la administración central, aparecen $ 62,3 millones en cheques de pago diferido y 34,2 millones de pesos en “permisos gremiales”, que le deben a Epec. Además, Vivienda tiene $ 23,4 millones en cheques diferidos; $ 9,18 millones de Turismo y 355 mil pesos del área Préstamos.

Los mencionados en la denuncia judicial

Vinculados al sindicato que cobraron en efectivo $ 18,17 millones. Los empleados del gremio Benjamín Osse, Juana Acosta y Martín López y los apoderados Fidelbo, Galván y Fabio Guzmán.Trabajadores con segundo endoso por $ 7,2 millones. Lisa Loyola, Fernando Delgado, Rita Carranza y Javier David (de Ampes); Ezequiel Montes y Gabriel Weggner (de la UNC); Gabriel Oviedo, Ariel Pérez y Matías Foncea (de Mercasofa); Carlos Vaca (de Epec), Diego Zurita (Ministerio de Salud) y otros, con cheques menores de 50 mil pesos.Sin trabajo o actividad comercial, por $ 4,38 millones. Alejandra Manissero, Cecilia Pérez, Víctor Cáceres, Carlos Baza, Alexis Cáceres, Katherina Pucheta, Iván Schischlo, Analía Pérez y otros. La denuncia plantea la hipótesis de que hayan sido “interpuestas para simular operaciones lícitas”.Jubilados, por $ 2,79 millones. Carlos Baza Cerri, Carlos Yague, Juan Farías, Emilio Chaer, Héctor Juri y otros.Personas con actividad comercial, por $ 3,1 millones. Carlos y Liliana Herrera, Nicolás Yague, Luciano Díaz y Eduardo Vaccarini, entre otros.Cheques cobrados vía cámara compensadora por $ 16,7 millones. Lo hicieron empresas de diferentes rubros. Figuran GN COM SRL, Alexis Fidelbo, José Galván, Oscar Guzmán, Benjamín Osse, Martín López, Víctor Villegas, Luis Pereyra, Marcos Nieto, Ricardo Corzo, Carlos Figueroa, DIV Operador, José Alladio, Raúl Páez, Marcelo y Manuel Male, Enrique Reyes SA, Loma Negra, Los Siete SA, Pampa Energía y Gisela Tahan, de la imprenta El Molino.Detalles. Sobre todos los mencionados, la denuncia de la Procelac detalla DNI y presunta relación familiar con los investigados, y describe monto y fecha de los cobros de cada uno, domicilio legal y titularidad de autos, entre otros datos que aporta el Syntis.