Los miembros de la Asociación Bancaria (AB) pidieron celeridad a la Justicia y convocaron a un paro nacional con movilización para hoy
Pasadas las 9, empleados de la entidad se congregaron. “Fuimos agredidos y vapuleados. Politizaron nuestra institución”, bramó subido a una banca del salón central Adrián Farina, secretario de una comisión gremial interna elegida en 2013. Luego, Luis Castro, secretario adjunto, recriminó el apoyo que La Bancaria recibió de los radicales José Cano, Silvia Elías y Federico Romano Norri. Anunciaron que hoy atenderán al público normalmente.
Una comisión de empleados se trasladó a la Casa de Gobierno. Allí, le pidieron protección a la cúpula de la Policía. “Venimos siendo agredidos sistemáticamente”, explicó la empleada Liliana Aragón.
El jefe de Policía, Dante Bustamante, afirmó que la fuerza intervino “para evitar consecuencias mayores”. “El uso de las armas fue para defender al personal de la Caja y a civiles que iban pasando y cuya integridad física estaba en peligro. No fue represión”, dijo.
La AB anunció un paro para hoy de 24 horas en Tucumán y de dos horas en el resto del país. También concretarán movilizaciones. “Esperamos que la justicia actúe rápido y que sea independiente. La Policía debe ser auxiliar de la Justicia como prevención y no disparar a quemarropa. Parece que hubieran tenido orden de matar un bancario. No nos pondrán de rodillas. Seguiremos reclamando nuestros derechos”, desafió Eduardo Bourlé, titular local del gremio. Hasta ayer permanecía internado junto a otros gremialistas heridos en la gresca. Debía ser operado porque tenía perdigones en uno de sus muslos. “La violencia no es nueva. Esta semana ya habíamos sufrido episodios. Hay 36 trabajadores despedidos y ya los agredieron en otras oportunidades”, recordó.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibieron ayer al secretario nacional de la AB, Sergio Palazzo. Según el dirigente, Capitanich se habría comprometido a “hallar una solución”. Los cruces entre el Gobierno y la AB se habían desencadenado en 2012, cuando el PE tomó $ 172 millones de los fondos de garantía de la Caja Popular, a cambio de Letras del Tesoro.
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