Por Juan Pablo Csipka

Las propuestas de los precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Lareta y Patricia Bullrich, ofrecen a la sociedad argentina implican una desregulación tal del mercado de trabajo que están calcadas de los puntos centrales de la reforma de 2000. Aquella norma pasó a la historia como "Ley Banelco" y marcó el principio del fin de la Alianza por la denuncia de pago de coimas en el Senado para su aprobación y la renuncia del vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez. 

Por caso, uno de los voceros económicos de Bullrich, Dante Sica, verbalizó que hay que suspender la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, o sea, la negociación colectiva, además de pasar el período de prueba de tres a seis meses. Esos puntos figuran al inicio del articulado de la Ley 22.250, que el Congreso sancionó el 11 de mayo de 2000. El entonces presidente, Fernando de la Rúa, la promulgó el 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, una de la mayores gestas del movimiento obrero en el país.

Una ley pedida por el Fondo

El debate por la ley había mostrado los límites de la Alianza en cuanto a su intento por diferenciarse de las políticas de Carlos Menem. La norma era neoliberalismo puro, una quita de derechos a los trabajadores. La flexibilización, es decir, el abaratamiento de las condiciones de trabajo, se justificaba bajo el argumento de que así vendrían las inversiones, en un contexto de desempleo por encima de los dos dígitos.

La gran resistencia a la ley la encabezó Hugo Moyano. El líder camionero venía de confrontar con la CGT, afín a Menem, a través del MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos). Aun faltaban cuatro años para que se encaramara al frente de la central obrera. Fue el gran crítico del proyecto. Si el sindicalismo había sido condescendiente con Menem (el primer paro había sido en noviembre de 1992, después de tres años y cuatro meses de gestión), muchos imaginaban que Moyano podía ser a De la Rúa lo que Saúl Ubaldini a Raúl Alfonsín en los 80. Con la diferencia de que Moyano no controlaba (todavía) a la CGT y de que la anuencia cegetista a Menem generaba cierto clima social favorable para que la Alianza avanzara con su programa.

Para cuando la ley se debatió, De la Rúa ya había cumplido cien días de gobierno y las expectativas se habían desinflado. En el verano de 2000, en vez de apostar a la salida ordenada de la convertibilidad (ya un cadáver insepulto gracias a la sucesión de Tequila-crisis de los mercados asiáticos-devaluación del real en Brasil, sobre todo esto último), el Presidente convalidó un impuestazo que afectó a amplias capas medias, el grueso de sus votantes. Una manera de extender la agonía de un modelo agotado. En esas condiciones, el Fondo Monetario, que en pocos meses más cortaría el financiamiento, exigió y consiguió la reforma laboral.

"Para los senadores tengo la Banelco"

Desde que De la Rúa había asumido estaba claro que el primer gobierno de coalición de la historia argentina iba a estar muy limitado en el ámbito parlamentario. La Alianza tenía mayoría en Diputados, pero la primera bancada del Senado era el peronismo. Conviene recordar que aun eran senadores nombrados por las legislaturas provinciales, del color del gobernador, y que recién a partir de 2001 serían elegidos por voto directo. 

En esas condiciones, la Cámara Alta iba a ser el gran terreno en disputa para poder aprobar leyes. El interlocutor era el jefe de los senadores del PJ, el entrerriano Augusto Alasino. La ley se aprobó en Diputados con la oposición del peronismo. Alicia Castro, del Frepaso, también votó en contra. Días antes, se reprimió con dureza un acampe organizado por Moyano frente al Congreso. Hubo 30 heridos, entre ellos, Julio Piumato, titular del gremio de Judiciales.

Alberto Flamarique, el ministro de Trabajo, trató de contemporizar con Moyano. El camionero diría, después de su encuentro, y cuando todavía no se había aprobado la ley en el Senado, que le había recordado al ministro que la Alianza era minoría en la Cámara Alta y que la respuesta fue: "Para los senadores tengo la Banelco". Fue una frase premonitoria de lo que vendría.

Un escándalo imparable

En agosto estalló el escándalo cuando se hizo público un anónimo que detallaba el pago de coimas a senadores peronistas. El vicepresidente Álvarez, que nunca había cuestionado el contenido de una ley regresiva, se embanderó en la lucha contra la corrupción (uno de los temas que posicionaron al Frepaso en los 90) y reclamó públicamente que se aclarara la situación, mientras De la Rúa y su círculo íntimo rechazaban la veracidad de la denuncia, además de los senadores supuestamente involucrados. 

En esas semanas, Antonio Cafiero, a la sazón senador por la provincia de Buenos Aires, se sumó a la cruzada de Ávarez y manifestó que tenía "la certeza de que hubo sobornos". Un senador de la Nación exponía así a sus pares y al gobierno de De la Rúa. En ese clima, la noche del 23 de agosto, Flamarique irrumpió en la sesión, pidió hablar y desafió: "He venido al Senado para que, si hay un senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con algún funcionario de este Gobierno, de alguna transacción horrorosa para aprobar una ley, que me lo diga en la cara". Fue una virtual interpelación, en la crisis político-institucional  más grave que el país atravesaba desde la recuperación de la democracia, casi 17 años atrás. A metros de Flamarique presidía la sesión el senador radical José Genoud, titular provisional del cuerpo. A su lado estaba sentado el secretario parlamentario, Mario Pontaquarto.

Septiembre de 2000 tuvo un solo tema dominante: la denuncia de las coimas. La causa quedó en manos del juez federal Carlos Lipirace. En esos días quedó expuesto un senador del PJ, el salteño Emilio Cantarero, señalado como parte del grupo que habría cobrado coimas. En una charla con María Fernanda Villosio, de La Nación, reconoció el pago de sobornos. La nota salió sin nombrarlo, pero se armó revuelo: el bloque del PJ la desmintió en una conferencia de prensa en la que Cantarero pidió la palabra: "Yo quiero decir que estuve ayer con María Fernanda Villosio en mi despacho, pero no le conté nada de lo que dice que le conté”.

La salida del vice

A comienzos de octubre, Álvarez se sintió solo en la pelea por saber qué había pasado. El 5, De la Rúa dio el primera gran giro a su gabinete: Flamarique se fue de Trabajo y lo reemplazó por la secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios: Patricia Bullrich. Pero el ministro cuestionado no se fue a su casa, sino a la secretaría general de la Presidencia, que ocupaba Jorge de la Rúa, el hermano del presidente, que pasó al Ministerio de Justicia, en lugar de Ricardo Gil Lavedra. Chrystian Colombo en lugar de Rodolfo Terragno, en la jefatura de Gabinete, completó ese ajedrez. Álvarez presenció, con gesto adusto, las juras en la Casa Rosada.

En la mañana del 6 de octubre, corrió como reguero de pólvora la noticia de que Álvarez renunciaría. Lo confirmó esa noche en un discurso en el Hotel Castelar. Fue un cimbronazo. Nadie lo pudo convencer de que no diera ese paso. La reacción de De la Rúa fue eyectar a Flamarique. Y a Fernando de Santibañez, el banquero al frente de la SIDE, otro enemigo interno del vice saliente. También cesó Genoud como presidente provisional del Senado. Se suicidó en 2008. 

Después del escándalo

Álvarez pasó al ostracismo, si bien auspició la llegada de Domingo Cavallo como ministro de Economía en marzo de 2001, momento en que se especuló con que él reemplazara a Colombo como jefe de Gabinete. La idea no prosperó. Nueve meses más tarde, De la Rúa se fue en helicóptero de Casa de Gobierno después de una brutal represión.

A fines de 2003, con la crisis ya superada, el recuerdo de la coimas reapareció con la denuncia de Mario Pontaquarto. El antiguo secretario parlamentario del Senado declaró que él llevó el dinero de las coimas, aportado por la SIDE: 5 millones de dólares. Se explayó con lujo de detalles y reavivó el escándalo. De la Rúa salió a negar todo y sacó un libro para defenderse. La causa fue elevada a juicio. A fines de 2012, todos los implicados fueron absueltos.

Mucho antes, en marzo de 2004, la "Ley Banelco" había sido derogada por el Congreso. Ahora hay quienes buscan reflotar su contenido.