Por Mariano Martín

En menos de seis meses de gestión, la intervención de una obra social a cargo de aliados de Luis Barrionuevo destinó por lo menos tres millones de dólares a fundaciones y prestadores sin documentación de respaldo, además de haber hecho otros gastos injustificados y regalos por al menos 5 millones de pesos de una joyería de Recoleta al tiempo que denegaba prestaciones para sus afiliados.

Las denuncias constan en un informe de auditoría realizado por un funcionario que sucedió a un dirigente leal al gastronómico y que duró apenas un mes en el cargo, del que renunció sometido a presiones -siempre del mismo origen- para que alquilara un edificio por 10 millones de pesos mensuales.

Informate másDiputados aprobó el proyecto de devolución del IVA y lo giró al SenadoDenunciaron a Javier Milei en la Justicia por incitación a la violencia económicaVer MásAtención beneficiarios de ANSES: cambioen el calendario de pagos de octubre por los feriados

La auditoría, a la que tuvo acceso exclusivo Ámbito, fue practicada por la intervención de la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) entre marzo y abril de este año y entregada a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano encargado del control de las prestadoras de salud de gremios y prepagas. El entonces interventor, Jorge Alonso, relevó parte de la labor de su antecesor, Sigifredo Jorge Banegas, quien a su vez había llegado al cargo a partir de un acuerdo entre Barrionuevo, su impulsor, y el superintendente Daniel López.

La denuncia coincide con un momento de nuevo protagonismo del dirigente gastronómico a partir de su patrocinio de la candidatura presidencial de Javier Milei, que prometió fiscalizar con afiliados del gremio Uthgra en todo el país. El libertario, que semanas atrás parecía despegarse de Barrionuevo, terminó por asumir en los últimos días el padrinazgo del sindicalista, que tuvo entre sus primeros frutos una cena de gala ofrecida al candidato en el predio de Parque Norte.

¿Qué dice el informe?

El informe de Alonso consta de 270 páginas con relevamientos del estado de la obra social, propuestas de gestión, irregularidades detectadas y documentación. Entre los hallazgos figura una nómina de personal con 207 personas en todo el país a las que se les pagaba un salario mensual formal pero sólo 79 que pudieron ser constatadas en sus tareas. La mayor parte del personal excedente había sido contratado en los tres meses previos al arribo de Alonso, durante la gestión de su antecesor.

La Ospsip es una entidad de salud mediana del gremio de seguridad privada Upsra, que en los últimos años fue eje de una lucha encarnizada entre su actual secretario general, Angel García, y Barrionuevo, que procuró por diversas vías quedarse con su control. En parte lo logró cuando la SSS intervino la obra social en 2021 por falencias severas en las prestaciones que debían recibir sus afiliados y quedó apartado García de sus funciones en esa entidad.

Banegas, según informaron a este medio, es una persona de confianza del jefe de la Uthgra y pediatra de una de sus hijas, Sandra Barrionuevo, actual secretaria de Asistencia Social del gremio gastronómico y sostén de varios de los emprendimientos de su padre.

El vínculo de la intervención sospechada no termina ahí: al momento del reemplazo de autoridades fue revocado un poder legal general que tenía otorgado el abogado Horacio Ferro Méndez, histórico asesor de Barrionuevo, junto a otros ocho letrados. A su vez, Banegas había arrancado su semestre como interventor de Ospsip de la mano de Leónidas Requelme, un dirigente legal a Barrionuevo en la lucha contra García y que falleció la semana pasada.

Entre las irregularidades expuestas en la auditoría figuran "pagos efectuados a la Fundación de Médicos Solidarios por sumas absolutamente atípicas realizadas en apariencia sin documentación respaldatoria para eventualmente generar un mecanismo circular con el único objetivo de retirar fondos de la obra social e ingresarlos al circuito financiero para beneficios espurios", señala el informe. La sospecha se basa en una supuesta operatoria de facturación a entidades sin contraprestaciones en servicios para los afiliados sino en el retorno, a cambio de eventuales comisiones, del grueso del monto erogado.

Sólo por ese concepto entre el 15 de diciembre del año pasado y el 22 de marzo de 2023 se giraron a Médicos Solidarios 347.915.600 pesos que supuestamente eran pagos por "honorarios de psicología, psicología infantil y servicios médicos" que sin embargo no tenían detalle alguno: "no obra en la obra social ninguna documentación que justifique las erogaciones señaladas, contrato de prestaciones, listado de beneficiarios atendidos, lugar de atención, profesionales que hubieran intervenido, fechas de las tareas realizadas, autorizaciones de atención, etc".

Una maniobra similar se detectó respecto de otra fundación, "Igualdad para todos", con millones de pesos destinados a servicios sin documentación alguna de respaldo. Los responsables de la intervención bajo la órbita de Alonso calcularon que sólo por prestaciones no documentadas a prestadores con características asimilables a las de las "empresas fantasma" fueron desviados, a valores de entonces, unos tres millones de dólares. Banegas tampoco cumplió con la obligación de elevar informes mensuales de la SSS.

Otras irregularidades consistieron en la contratación de servicios de reparación de automotores por cuatro millones de pesos a un único mecánico. Lo sorprendente es que la Ospsip carece de vehículo alguno entre sus bienes registrados. También se encontraron pagos de "regalos de fin de año" por casi cinco millones de pesos a favor de la firma Vendome SRL, la razón social bajo la cual opera la exclusiva joyería Jean Pierre, ubicada en Avenida Alvear 1892, en Recoleta. Los auditores indicaron que esos gastos coincidieron con meses en los que era habitual la negativa a brindar prestaciones urgentes como las de carácter oncológico a los afiliados.

Además de superpoblación de personal, la intervención de Alonso halló un contrato con una firma llamada ISS Facility Services de servicios de limpieza, a pesar de que la Ospsip cuenta con personal propio para esa tarea. Y más llamativo aún: contrataciones para Jerly Secuity y Hammer Seguridad Privada, dos compañías que proveen personal de custodia, para un gremio que representa a trabajadores del rubro y para una obra social que ya contaba con trabajadores propios a cargo de esa labor.