Al menos en la primer etapa, el Gobierno apuesta a que la propuesta de blanqueo incluida en su proyecto de reforma laboral favorezca la registración de unos 300.000 trabajadores que actualmente se desempeñan en la informalidad. Se trata de por lo menos un tercio de los 900.000 trabajadores que, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, cumplen tareas en relación de dependencia y que podrían ser registrados por sus respectivos empleadores a partir de los beneficios que reportará el nuevo régimen que comenzará a debatirse desde este miércoles en el Senado.

"En los primeros meses de vigencia (del blanqueo) estimamos que se podrán formalizar entre 200 mil y 300 mil trabajadores", indicó ayer el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en declaraciones al programa Toma y Daca por Radio El Mundo.

La propuesta de blanqueo incluida en la reforma laboral dispone un plazo de un año para la registración y otorga la posibilidad de acceder a amplios beneficios a aquellos empleadores que regularicen su personal, sin distinguir entre empresas grandes, medianas o pequeñas, ni a qué sectores de la economía pertenecen. El proyecto establece la condonación de la deuda por capital e intereses acumulada por la falta de pago de aportes y contribuciones previsionales, al PAMI, al régimen nacional del seguro de salud, al fondo nacional de empleo y al régimen nacional de asignaciones familiares.

Esa condonación alcanzará el 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios si la registración de los trabajadores por su verdadera fecha de ingreso y/o su real remuneración tiene lugar dentro de los primeros 180 días corridos desde de la fecha de vigencia del blanqueo. En tanto, la quita será del 70% de la deuda si la registración se produce con posterioridad a los 180 y hasta el plazo de un año de vigencia que tendrá el blanqueo.

Junto a ese beneficio, la iniciativa también dispone la extinción de toda acción penal y la liberación de las infracciones, multas y sanciones por falta de regularización para aquellos empleadores que formalicen a sus trabajadores. A ello se sumará la baja de la empresa de su inclusión en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), respecto a infracciones cometidas, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores informales por los que fue incorporado a ese registro.

Por otra parte, la iniciativa elaborada por el Gobierno y consensuada con la conducción de la CGT establece que los trabajadores regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes, los que serán calculados sobre un monto igual al Salario Mínimo Vital y Movil vigente, y cuyo financiamiento estará a cargo del Estado. Además, esos trabajadores gozarán de sus respectivos derechos laborales (antigüedad, vacaciones, etc) desde la efectiva fecha de inicio de sus tareas.

En tanto, el proyecto dispone que los empleadores que no registren una relación laboral abonarán a los organismos de la Seguridad Social una multa equivalente al 50% del SMVM por cada período mensual no registrado.