Acaso para trocar conflicto por diálogo, el Gobierno reflotó un viejo pedido sindical de blanquear a los ahora 4,5 millones de trabajadores que están en negro: diferentes secretarios generales consultados por Clarín están “de acuerdo en avanzar sobre el empleo informal” a la vez que consideraron que los empresarios “no pueden quedar sin castigo porque se aprovecharon de los trabajadores y el Estado”. Hoy el ministro de Trabajo, Jorge Triaca se reúne en la UIA. Allí se planteará que en el Norte del país el 60% de los trabajadores están en negro. Daniel Funes de Rioja, vice de la UIA, le dijo a Clarín: “El blanqueo laboral es indispensable, sobre todo ahora que empieza la recuperación de la economía”. Tal como adelantó este diario, el viernes después del paro, Triaca se sentó con varios dirigentes gremiales con la intención de avanzar en esta regularización que afecta al 33,6% de la fuerza laboral que no tiene aportes previsionales.

A criterio del Gobierno existen dos posibilidades de llevarla adelante: moratoria, en la cual los empleadores pueden regularizar su situación con facilidades; o directamente un blanqueo, con perdón de las deudas. Dado el éxito del blanqueo de capitales, el Ejecutivo se inclinaría por esta última opción. A la par trataría de acompañar la iniciativa con la recuperación de la Ley de Primer Empleo, demorada en el Congreso y que contempla la baja de la carga previsional.

Pero, ¿qué dicen del lado de los gremios?

Jorge Sola, secretario de Comunicación de la CGT y quien además forma parte del Consejo Directivo y es especialista en temas previsionales, consideró: “Esto viene de hace tiempo y es un objetivo que nos hemos puesto y que se lo venimos reclamando al anterior gobierno. Condonar las deudas pasadas no va a alcanzar porque ya se hizo en otros gobiernos y para lo único que sirvió fue para que algunos empresarios siguieran poniéndose dinero en el bolsillo correspondiente a la Seguridad Social”.

Además, puso reparos respecto a la implementación: “No se puede generalizar en la reglamentación, sería poner a todos los empresarios en la misma bolsa y acá hay gente que corresponde que se le dispense una condonación, como pueden ser las Pymes; pero no aplicaría la misma vía para las grandes empresas”.

Según su razonamiento, “hay grandes evasores que lo siguen haciendo por lo que habría que determinar la situación de cada uno. Por lo pronto me parece necesario poner el foco la desfinanciación de las obras sociales y el Anses: en este aspecto habría que llegar a un justo término, ni ir por todo ni condonar todo”.

En tanto, el histórico dirigente de Aguas, José Luis Lingeri, comentó a Clarín: “Es un tema que la CGT viene planteando hace rato en todas las mesas de diálogo. No puedo dar certeza de que los empresarios hagan aportes retroactivos en concepto de moratoria. Veo que sí se podrá trabajar de acá hacia adelante si hay voluntad política y que el Estado sea riguroso en el cumplimiento de la norma que dicte. Nosotros vamos apoyar”.

Este diario consultó a un abogado laboralista de un gremio de mucho peso en la CGT. El abogado apuntó: “El primer problema que se plantea es que si se quiere, como pasó en la década pasada, liberar a los empleadores de la multas de la Seguridad Social hace falta una ley por ser un tema tributario”.

El profesional planteó que el blanqueo, “sólo es aceptable si el empleador que blanquea mantiene la nómina por varios años, cinco como mínimo y que todo el tiempo que estuvieron sin ser registrados se compute como años de servicio con aportes a los efectos previsionales”.

Considera que “este beneficio cae si el empleador no cumple estrictamente con todas sus obligaciones laborales”.

Concluye, escéptico, que “ya sea blanqueos o moratorias las experiencias no son muy positivas por el uso que le han dado los empleadores”.

El debate está abierto. Triaca busca blanquear anulamente: 300.000 trabajadores: es más recaudación y dinero para las obras sociales.