El blanqueo laboral que impulsa el Gobierno, todavía sin acuerdo de la CGT, esconde una modificación en la normativa que reduce y hasta anula los adicionales indemnizatorios que perciben los trabajadores no registrados que llevan a juicio a sus empleadores. Se trata de un cambio que, de aprobarse, beneficiará incluso a los empresarios no inscriptos en el blanqueo pero demandados por sus asalariados informales. El debate de la normativa, que debía retomarse ayer, quedó una vez más pospuesto hasta la semana que viene ante la falta de un aval definitivo por parte de la central obrera.

La reducción de los montos indemnizatorios fue una de las razones que frustró la semana pasada la presencia de Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, en el plenario de comisiones del Senado en el que el oficialismo esperaba imprimirle velocidad al proyecto. Como había informado este diario, y cuando en teoría el Ejecutivo y los técnicos de la central habían llegado a un acuerdo, un nuevo borrador de la iniciativa distribuido el mismo día provocó el faltazo y agregó discordia a la relación con la administración Cambiemos.

Hasta ayer la conducción de la CGT no tenía previsto darle su aval al proyecto. Hoy los abogados de los principales sindicatos volverán a reunirse con el equipo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para intentar un punto de consenso sobre el texto final a debatir en el Congreso. La negociación está a cargo de los letrados de Sanidad (el gremio de Daer), Comercio, Uocra (Construcción), UOM (metalúrgicos) y Gastronómicos.

El proyecto de blanqueo laboral es una desprendimiento de la malograda reforma laboral que Cambiemos intentó por la vía parlamentaria (incluía además cambios en la ley de contrato de trabajo y el relanzamiento de las pasantías) se basa, en lo más visible, en una amplia condonación de deudas y multas para los empresarios que aceptaran regularizar a los trabajadores que tuviesen bajo relación de dependencia sin la debida inscripción legal. También prevé la extinción de la acción penal contra esos empleadores y además, establece un cómputo de 5 años de aportes jubilatorios a cargo del Estado para los trabajadores que fuesen regularizados en el proceso.

Para los gremialistas la iniciativa incorpora un elemento clave para la salud financiera de sus obras sociales: la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) que tendrá por objetivo dictaminar sobre la pertinencia o no de tratamientos, prestaciones médicas o remedios que los afiliados (también de las prepagas) hubiesen obtenido a través de amparos judiciales. Ese elemento es la “zanahoria” que el Gobierno les puso a los gremialistas para que dieran su aval al blanqueo. La aprobación del proyecto, en definitiva, es un trofeo que la gestión de Mauricio Macri prevé exhibir ante el Fondo Monetario Internacional.

Los cambios en las indemnizaciones para los casos de asalariados no registrados están contemplados en los artículos 13, 14, 15 y 17 del último borrador de proyecto que el Gobierno trabajó con la CGT. Del 13 al 15 se modifican los cálculos para el pago de adicionales por informalidades parciales (falta de registración temporaria, inscripción tardía o declaración de sueldo inferior al real) al computarlos sobre la base del salario mínimo, vital y móvil, en lugar de hacerlo contra las remuneraciones efectivas de la actividad correspondiente, como prevé la ley 24.013. En tanto que el artículo 17 directamente deroga la duplicación del monto indemnizatorio para todos los despidos de trabajadores no registrados prevista en las leyes 24.013, 25.345 y 25.323. Así, contra el espíritu de cualquier blanqueo, se verán beneficiados por los alcances de la norma incluso los empleadores que no hubiesen adherido y que, por el contrario, hubiesen mantenido a su personal sin registrar para luego despedirlo.

“Aunque los trabajadores ‘en negro’ son víctimas de la ilegalidad de sus empleadores, el proyecto invierte esta relación y, al tiempo que victimiza a los empresarios favoreciéndolos con un jubileo de deudas y una amnistía de multas, recorta derechos de esos trabajadores. La ley vigente reconoce que esos trabajadores sufrieron un perjuicio mayor y repara ese daño con una indemnización aumentada, que el proyecto reduce y hasta elimina”, le explicó a este diario Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.