Los argumentos esgrimidos en el decreto 264/21 daban cuenta que la obra social de los vigiladores registraba un importante atraso en las prestaciones que debía cumplir, desoyendo los reiterados reclamos y citaciones que le efectuaban, registrando un grave atraso en las registraciones contables, donde todos los movimientos eran llevados en forma extracontable y bajos mínimos y/o nulos circuitos de control.

Se constató la falta de entrega de medicación antirretroviral a los y las pacientes en tratamiento, como así también de medicación oncológica y de patologías crónicas tales como diabetes e hipertensión arterial, incumplimientos prestacionales, siendo la mayoría de las denuncias por falta de entrega de medicamentos a pacientes con inmunodeficiencia (HIV – SIDA), entre otras.

El texto firmado por el Presidente hacía mención de que en el período comprendido entre el 1º de enero y el 17 de agosto de 2020 se tramitaron un total de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) reclamos de beneficiarios y beneficiarias, teniendo por objeto la problemática prestacional, irregularidades de afiliación, reclamos por medicación e irregularidades en los contratos prestacionales exhibidos por OPSIP, quien afrontaba una situación institucional inestable, motivada principalmente por la indefinición de la situación judicial de su entidad de base, la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, impactando directamente en el normal funcionamiento de la obra social, todo documentado en las causas judiciales citadas en el mencionado decreto. (Causa Nº 36154/17  “GARCÍA, Ángel Alberto y otros/defraudación por administración fraudulenta”)

Lamentablemente, pese a todas las pruebas referidas por la máxima autoridad nacional, y corroboradas por el interventor dispuesto  por la Superintendencia de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien en declaraciones públicas reconoció el faltante de $1.000 millones, a más de un año de dicho trámite, los responsables del vaciamiento en la prestadora de salud NO HAN SIDO PROCESADOS, por el contrario, continúan manejando los aportes sindicales de los vigiladores y aún son sostenidos por un sector judicial y político.

La situación se agrava aún más ya que a pesar de la intervención, OSPSIP continúa con distintas deficiencias que impiden que los trabajadores de seguridad afiliados al Bloque Nacional obtengan una normal cobertura médica para ellos y sus familias, en especial a aquellos que han ingresado a la actividad durante el último año quienes están obligados por otro decreto presidencial a permanecer en la obra social de la actividad sin tener posibilidades de optar por otra prestadora de salud.

Por las razones expuestas, ante un contexto sumamente crítico en lo económico ya que la mayoría de las empresas de seguridad no respetan el convenio colectivo de trabajo y sus escalas salariales en especial luego del último acuerdo paritario, y ante la inacción de los organismos del estado que deben actuar ante uno de los desfalcos más graves en la historia del área de la salud de los trabajadores, el Bloque Nacional de Seguridad Privada movilizará este viernes 8 de julio a la Superintendencia de Servicios de Salud ubicada en Av Roque Sáenz Peña 530, CABA.

“Es inconcebible que aún no haya ningún responsable penal por estás cuestiones” señalaron desde el Bloque que lideran Christian López y Leónidas Requelme, apuntando hacia Ángel García y Celestina Ferrara quienes estuvieron al frente más de 30 años y llevan acumulado un patrimonio personal que supera los u$s 40 millones, mientras los trabajadores continúan precarizados y no logran alcanzar a cubrir la canasta de alimentos básicos. “El compromiso del Bloque Nacional es luchar y velar por los intereses de los trabajadores, tanto en la salud como el salario” declaró López y agregó: “Necesitamos definiciones políticas y urgentes por parte de diversos funcionarios del gobierno, de los ministerios de Salud, Seguridad, Trabajo y Jefatura de Gabinete. Tendrán que dar respuestas concretas por la dilación en la normalización de UPSRA y OSPSIP, y no descartamos una inminente y sorpresiva movilización a Casa Rosada para solicitar una reunión con Alberto Fernández ya que la situación es insostenible para los más de 250.000 trabajadores de seguridad privada de todo el país”, finalizó.