La obra social de los trabajadores de seguridad privada parece ser una papa caliente que nadie quiere tocar. Si bien la intervención dice estar poniendo las cuentas en orden, la realidad es que se necesitan medidas y acciones legales urgentes contra aquellos que, parafraseando al General Perón, "se robaron el perro y que ahora con total cinismo e impunidad, van a golpearle la puerta al interventor para que les devuelva la correa".
La inacción y la vista gorda sobre la estafa en OSPSIP podría destapar una olla a presión que salpicaría hacia varias partes: desde empresarios que han financiado económicamente a los supuestos estafadores, hasta aquellos que han convalidado estos negociados. La cadena de responsabilidades parece ser larga, algunos serian socios partícipes y otros cómplices por saber y no denunciar.
Para peor de males, este entramado oscuro trae aparejado a una fauna y un rejunte de oportunistas que, usando una causa noble, tratan de sacar tajada para provecho propio.
Vayamos por partes: el vaciamiento de la obra social que informa la intervención y hasta el propio presidente de la nación en el DNU, se produce por varios años de posibles malversaciones del binomio García-Ferrara quienes han administrado los recursos como si fuera una empresa que debía abaratar costos: más afiliados y menos prestaciones derivó inmediatamente en una caja suculenta para las arcas familiares, lo que no tuvieron en cuenta fue que al largo plazo, la fuga de cápitas hacia otras obras sociales como consecuencia de la baja calidad y la poca cantidad de beneficios, produciría lo inevitable: el quiebre de OSPSIP. Ante está situación, comenzarían los negociados y las maniobras fraudulentas.
Aquí es cuando entran los empresarios como supuestos cómplices: al ver las arcas vacías, García implemento el FAS (Fondo de Ayuda Solidario) una especie de contribución empresarial, a cambio de ceder derechos de los trabajadores, que compensaría las pérdidas de la obra social, sin embargo, los mismos nunca cumplieron esa función, nunca fueron destinados a una “administración especial” y tampoco habría habido un control de parte del sector empresarial para constatar que estos cumplieran con su cometido. La ecuación: dinero para el bolsillo de la familia García y luz verde para que las empresas hagan a su antojo con los trabajadores.
Pero aquí no termina el problema: habría una pata más en esta mesa y serian aquellos que tenían (y tienen) la función de control, y sin embargo convalidaron y dieron un marco legal a esta presunta estafa.
Hoy, esta gente que ve afectado su bolsillo por la intervención de OSPSIP salen impunemente a declarar que “se terminaron los amiguismos” reconociendo descaradamente las sociedades inmorales con el sector empresarial de las últimas tres décadas y media.
Hasta acá llegamos, está situación ya es insostenible. Los integrantes del Bloque Nacional de Seguridad Privada, la UPSRA de Leónidas Requelme y el SUTCA del moyanista Christian López, hace tiempo vienen advirtiendo está situación, avisando que seguir por este camino nos conducía al colapso absoluto e implementando todo tipo de medidas para normalizar la actividad. Ya no pueden decir que no sabían, ya no pueden mirar para otro lado, ya no pueden simular sorpresa. Ahora los responsables deberán dar respuestas y soluciones. La salud, la vida y la dignidad de los trabajadores es innegociable. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
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