Por Luis Autalan

El transporte aéreo sigue atravesado por una gama de conflictos que tuvieron su eclosión por razones paritarias pero cuya base de diferencias son las políticas del Gobierno en relación a Aerolíneas Argentinas.

El bloque integrado por la mayoría de los sindicatos del sector, como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), apuntaron una vez más al Gobierno "por intentar alterar el funcionamiento societario de Aerolíneas".

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A través de un comunicado las organizaciones sindicales recordaron lo que consideran "la gravísima pérdida salarial de sus trabajadores, la actual gestión pretende alterar el funcionamiento interno de la empresa, dando mandatos imperativos de cuestionar la legitimidad de la representación en el directorio". Un capítulo que se traza con la mira apuntada en el referente de los pilotos Pablo Biró para forzar su salida del directorio.

Por ese plano los sindicatos dijeron que el Gobierno "amenaza regulaciones ilegales del derecho a huelga, intenta desplazar al diirector designado por el Programa de Propiedad Participada (PPP)", es decir, por accionistas independientes y para el bloque gremial constituye "intromisión en la participación accionaria ajena y violación del Estatuto social".

Por la misma vía consideran que, a pesar de que el Gobierno retiró a Aerolineas Argentinas de las empresas estatales factibles de ser privatizadas por la ley Bases, ahora proponen un "ataque, directo e ilegal" al derecho de propiedad y en desconocimiento de la ley de sociedades comerciales.

Apuntan entonces a los artículos 59 y 274 de dicha normativa, lo cual consideran que representa el desconocimiento de los funcionarios actuales "sobre los alcances, funcionamiento y responsabilidades que emergen del carácter de director de una sociedad, por lo que es evidentemente violatorio del derecho".

En el texto público ese bloque de sindicatos transportistas aseveró también que "el intento del gobierno es aún más grave ya que no tiene límites al momento de interferir en la actividad gremial de los trabajadores de la empresa, lesionando la autonomía sindical y los derechos colectivos", señalaron las organizaciones dedicando párrafos sobre el proceder de la Casa Rosada, que a criterio sindical es redundante "por la falta de escrúpulos".