Los trabajadores se oponen a las suspensiones y amenazas de despidos, así como a la apertura de procesos preventivos de crisis que consideran fraudulentos y avalados por la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Estos procesos buscan, según los manifestantes, colocar a los trabajadores en una posición de negociación desventajosa que permitiría despidos, reducción de indemnizaciones, ruptura de convenios colectivos y flexibilización laboral.

Bridgestone presentó la solicitud de PPC ante la Secretaría de Trabajo con la intención de despedir a 452 trabajadores, reducir salarios y flexibilizar las condiciones laborales. La empresa argumenta su pedido basándose en los resultados financieros de 2021 y 2022, años en los que se registraron las mayores ganancias en décadas y se repartieron beneficios entre los trabajadores. No obstante, el ejercicio contable de 2023 muestra una caída atribuida a una supuesta mala estrategia financiera, en la que se contrajo deuda en dólares antes de una devaluación del peso argentino, solicitando préstamos a otras filiales de Bridgestone en el extranjero.

El pedido de PPC fue comunicado después de que la empresa liberara de tareas a los trabajadores por una semana, sin informarles sobre las verdaderas intenciones detrás de esta decisión. Según los trabajadores, este acto constituye un claro lock-out patronal, diseñado para que los empleados recibieran la noticia de los despidos mientras estaban en sus casas. Además, la empresa intenta vincular la lucha paritaria de 2022 con los despidos actuales, a pesar de que dicho año fue uno de los más rentables para Bridgestone.

Bridgestone ya ha ejecutado despidos masivos en su fábrica de Santo André en Brasil durante 2023, justificándolos con "razones comerciales". Ahora, la empresa busca suspender a cientos de trabajadores en Argentina mientras mantiene su pedido de PPC, una maniobra que los trabajadores consideran ilegal y destinada a dividirlos.

Los trabajadores exigen el fin del lock-out patronal y el retorno a sus puestos de trabajo, conforme a la normativa vigente en Argentina. En respuesta, han organizado una campaña de difusión para presionar a la Secretaría de Trabajo a rechazar el PPC. Además, se llevarán a cabo acciones gremiales y denuncias administrativas y judiciales.