La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron un documento ante la dirección de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en Suiza. Reclaman la «intervención urgente» de su director general Gilbert Houngbo y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

Las centrales obreras señalan al protocolo llamado «antipiquete» por la Casa Rosada como una «estrategia disciplinadora», difundido «48 horas después de anunciar el mayor plan de ajuste económico de la historia del país».

Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 943/2023 ( RESOL-2023-943-APN-MSG) adoptó el denominado «Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación».

El mismo establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles, autopistas o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, se dispone a recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.

A esto se suma el componente que agregó el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello en el que agregó una amenaza a los ingresos de los sectores más vulnerables. «El que corta, no cobra», parafraseó a Milei e impuso una de esas frases cortas, pegadizas que se vuelven mantras militantes.

«Se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos  a su vez por normas internacionales fundamentales  a las que nuestro país ratifico.  A su vez, contradice las recomendaciones  de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación», expresaron las centrales en unidad.

Argumentan además que «el anunciado protocolo muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal».

Las centrales acusan al Gobierno de pretender condicionar las protestas al «sembrar temor» en trabajadores y organizaciones sindicales que decidieran convocar a una legítima protesta social.

Para concluir argumentaron que «de cobrar efectividad el protocolo se instauraría un mecanismo represivo que atenta contra los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), tratados internacionales y Pactos conexos y los comentarios y recomendaciones de los órganos de supervisión de la OIT».

«El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su tratamiento, a la mayor brevedad.», cerraron con la firma de Gerardo Martínez (CGT), Roberto Baradel (CTA-T) y Adolfo Aguirre (CTA-A).