La medida de fuerza impulsada el viernes por el sector disidente de la UTA «Lista Azul Juan Manuel Palacios», que enfrentó en las elecciones al oficialismo de Roberto Fernández, llevó al límite la tensión en la actividad.

El sector liderado por Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo indicó que el paro fue en reclamo de mejoras salariales y ante la supuesta «falta de respuestas» del Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de las autoridades electas en distintas seccionales del interior del país, que aparentemente el oficialismo de la UTA se niega a entregar.

Además avisó que el próximo jueves profundizará las protestas con una huelga total, pero esta vez por 24 horas por lo que será aún más potente.

Roberto Fernández les contestó el mismo viernes. Les recordó que perdieron los comicios por más de 10 mil votos y defendió los acuerdos de suspensiones que permitieron, en pandemia, sostener los puestos de trabajo.

La medida de fuerza afectó a los usuarios de 80 líneas de colectivos, la mayoría en Capital y el Conurbano, todas pertenecientes a la empresa DOTA. Por ello desde la cartera laboral apuntaron a la empresa, desde siempre sospechada de financiar la interna de la UTA.

En el Gobierno sostiene que «no es un paro» sino «un conflicto interno dentro del sindicato de la UTA» y que en realidad no se trata de una medida de fuerza de un sector del gremio sino de «un lockout patronal» impulsado por DOTA.

«Esto es terrible. Es un exceso, ya que no es un paro gremial sino un conflicto interno de un sector que perdió las elecciones en el sindicato de la UTA y quiere torcer el brazo teniendo de rehén a los usuarios con la complicidad de la empresa DOTA», afirmó Kelly Olmos en Radio 10.

«No es un conflicto por un reclamo laboral, sino que es un grupo dentro de la UTA que no pudo ganar las elecciones internas y por eso hacen esta medida. En realidad, parece más que DOTA está haciendo un lockout patronal», agregó la ministra.

Olmos dijo que el grupo disidente «cuenta con la complicidad de la empresa DOTA, que pretende digitar quién es su representación gremial». Por ese motivo, sostuvo que la medida de fuerza es «estrictamente ilegal» y afirmó que «vamos a actuar muy fuertemente contra DOTA». 

Olmos no descartó una medida «extrema» como la quita de concesión, que correspondería a la CNRT. En ese sentido, la ministra dijo que permanece en contacto con su par de Transporte, Diego Giuliano, para aplicar multas y sanciones contra la empresa.