Fortalecido por el resultado electoral, el Gobierno retomó su plan para implementar una reforma laboral "gradual", con el respaldo del sindicalismo peronista. 

La iniciativa contempla un perdón a empresas que blanqueen empleados informales, la reducción de las indemnizaciones y prácticas formativas (pasantías) bajo convenio, así como un guiño de los gremios para cederbeneficios en sus convenios colectivos.

Con ese objetivo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya se reunió con el triunvirato de la central obrera. 

El encuentro, el primero tras los comicios del domingo, apuntó a despejar el camino ante eventuales obstáculos que pudieran surgir al avanzar con el programa de "reformismo permanente" (ratificado por Macri desde Casa de Gobierno), que contempla una reforma fiscal y previsional.

En la óptica oficial, la CGT es una de las patas importantes de la mesa de negociación, en la que también se sentarán gobernadores y empresarios. 

De ese modo, Cambiemos busca llegar al Congreso con amplio respaldo, que neutralice cualquier resistencia al blanqueo laboral y así avanzar con sus proyectos, que incluyen la reducción de la indemnización prevista en la Ley de Empleo de 1991, norma que establece multas a empresas con empleados no registrados.

La idea es brindar una "promoción" a los empresarios que registren a sus dependientes sin dejar de reconocer los años trabajados para la jubilación del personal. 

"La indemnización no dio resultados. Vamos a modificar algunos aspectos de la normativa (laboral), pero no es una reforma integral", adelantó a iProfesional el diputado del PRO Daniel Lipovetsky.

Si bien el diálogo reflotó a fines de septiembre, el oficialismo dispone de otras herramientas -menos simpáticas- para encarrillar las negociaciones con los sindicalistas. 

Es el caso de los reintegros a obras sociales por tratamientos especiales (Fondo Solidario de Redistribución) y la amenaza de controles sobre el resto de los aportes a la Seguridad Social en manos de sindicatos, en teoría auditados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Según pudo saber este medio, días antes de los comicios, las obras sociales presentaron un recurso administrativo ante la Superintendencia para rechazar el "desvío" de una deuda de OSDE por $8.000 millones. 

Son aportes impagos que -por Ley de Obras Sociales- debían ingresar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) pero que la cartera encabezada por Jorge Lemus derivó a la Cobertura Universal de Salud (CUS), el plan oficial de protección y descuentos a personas sin prepaga ni obra social.

Como parte de la tregua sellada en agosto del 2016, el Gobierno acordó con la cúpula sindical la devolución de $30.000 millones adeudados a las obras sociales. De esos fondos, solo reintegró $2.700 millones, mientras que $8.000 millones fueron destinados a la CUS. 

Ahora, con la reasignación de la deuda de OSDE, el Gobierno sumaría unos $8.000 millones extra correspondientes a las obras sociales. 

"Si el Gobierno sigue adelante, se va a apropiar del dinero que tiene que pagar al sistema de Seguridad Social", se quejó un dirigente de la CGT que prefirió no ser mencionado.

Las denuncias de corrupción son otro factor de presión. Apenas unas horas después de que Cambiemos se alzara con el 41% de los votos, la recientemente electa diputada, Graciela Ocaña, retomó su campaña para "transparentar" los fondos sindicales.

En este sentido, adelantó el envío de proyectos al Congreso que apuntan a hacer pública la evolución patrimonial de los titulares de obras sociales por medio de sus declaraciones juradas (hoy no son de acceso público) y de los gremios, que no están obligados a presentar balances.

"Hay dirigentes que administran bien sus obras sociales, pero tenemos que terminar con los manejos de otros, como el Pata Medina, que se han convertido en dirigentes empresariales. Y no es el único caso", señaló Ocaña a iProfesional.

Sus dardos apuntan, entre otros, a Hugo Moyano, quien reconoció haber aportado fondos de la mutual del sindicato para aliviar las finanzas de Independiente, club de fútbol que preside.

La legisladora ya se había enfrentado al sindicalista en 2011, cuando ocupó el ministerio de Salud en el Gobierno de Cristina Kirchner y denunció la "mafia de los medicamentos", que derivó en la detención del bancario José Zanola. 

Ahora, el Gobierno sigue con atención los movimientos del camionero: su hijo Pablo es un enemigo declarado de la "flexibilización laboral".

La carta del empleo

En paralelo, el oficialismo aspira a introducir criterios de productividad en los convenios colectivos mediante acuerdos sectoriales, similares al de Vaca Muerta y la industria láctea. 

Tal como anticipó iProfesional, en diversas actividades como comercio, sanidad, energía, aeronáuticos y carne se avanzó en cambios en las condiciones de trabajo.

Estas modificaciones incluyen la pérdida de antigüedad, el pago por objetivos, la sustitución de empleos por tecnología, las jornadas flexibles y la mayor tercerización.

El realineamiento de buena parte de la dirigencia gremial fue ratificado con la visita de una amplia delegación de la CGT al coloquio de IDEA, donde el metalúrgico Antonio Caló y el titular de Aguas, José Lingeri, se mostraron dispuestos a resignar beneficios. 

La idea del Ejecutivo es aprovechar las paritarias para "modernizar" los convenios. Los primeros en la lista son los bancarios, docentes y estatales.

En Azopardo anticipan un escenario complejo en el que las empresas buscarán descentralizar la negociación colectiva. 

"No va a haber reforma laboral, sí negociaciones de convenios, a raíz de algunas necesidades de flexibilización que tengan sectores y empresas", reconoció el abogado de la Confederación de Sindicatos de la Industria de la Alimentación (Casia), Lucio Garzón Maceda.

Hoy en día, la central obrera no pacta convenios sino que lo hacen las federaciones y uniones. Por ello, en un esquema sectorial como el que impulsa el Gobierno, el resultado va a depender de la capacidad de negociación de la dirigencia. 

Así, en las actividades aún en recesión -como la textil-, la amenaza del desempleo podría forzar ciertas concesiones, mientras que en otros casos será clave la "organización", aseguran en CGT. 

En este marco, hay sindicatos que ya han comenzado a preparar a sus delegados ante eventuales cambios.

En el rubro Alimentación, el clima es de incertidumbre. El titular del gremio, Rodolfo Daer, se reunió con las máximas autoridades de la empresa para "defender el convenio" de la actividad. 

Sin embargo, 24 horas después de las elecciones, Mondelez (ex Kraft) extendió a toda la fábrica su plan de retiros voluntarios con el fin de reducir personal, ofreciendo 130% de indemnización y un adicional de $130.000.

La lista Verde, impulsada por Daer, viene de ganar con 63% de los votos la comisión interna de la planta de Pacheco, donde repitió la alianza con el maoísta PCR quien, hace dos años, le arrebató el control al trotskista PTS. 

El estado de ánimo dentro de la fábrica se vio sacudido días antes de la elección de delegados, ya que la empresa anunció el cierre de líneas y vacaciones anticipadas.

Con esas medidas, despertó el temor a un nuevo "Pepsico", la planta de Vicente López que cerró y despidió a todo su personal, incluida la comisión interna liderada por la izquierda.

En el sector público, un informe del Ministerio de Modernización provocó pánico en empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): el "análisis de dotación" preliminar estima un sobrante de 740 puestos a nivel nacional. 

ATE intenta negociar 250 jubilaciones, pero ya advirtió que la cifra de empleos excedentes calculados por el Gobierno podría ir en aumento.

El endurecimiento del Ministerio de Trabajo es otro de los elementos que complica a los sindicatos no alineados. 

Las CTA, un sector de la CGT y la Asociación de Abogados Laboralistas presentaron un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que apuntaron contra la cartera laboral.

Sus quejas se basan en la intervención de siete sindicatos, el impedimento de procesos electorales para renovar autoridades, la demora en el otorgamiento de la personería gremial y la no homologación de paritarias.

El petitorio también cuestiona los procesos penales contra dirigentes sindicales, el "ataque y estigmatización" de los abogados laboralistas y el pedido de juicio político a jueces del trabajo por el contenido de sus fallos. 

Entre los afectados figuran: bancarios, aceiteros, docentes bonaerenses y fueguinos, universitarios, estatales de Río Negro, jerárquicos mineros, plásticos y judiciales de Mendoza, la Federación de Trabajadores de la Energía, trabajadores de prensa, subte, camioneros, químicos de San Luis, personal de seguridad, azucareros y canillitas.

La negociación por la reforma laboral recién comienza a escribirse e irá sumando capítulos semana a semana. 

El Gobierno quiere imprimirle ritmo, envalentonado con el espaldarazo recibido en las elecciones de medio término. Los líderes sindicales ya se han sentado a negociar, conscientes de que algo deberán ceder. En medio de la disputa están los millonarios fondos de las obras sociales.