El gremio de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, ha alcanzado un acuerdo salarial para el trimestre marzo-mayo de 2025. El incremento será superior al 3% y se distribuirá en tres cuotas: 1,2% en marzo, 1% en abril y 1% en mayo.
Desde el Gobierno, destacaron que este acuerdo "refleja el compromiso del sector con la estabilidad económica y el acompañamiento del gremio al proceso de baja inflacionaria, garantizando la protección del poder adquisitivo de los trabajadores".
Anteriormente, en el trimestre diciembre-febrero, Camioneros había acordado un aumento del 5,5% en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%), mientras que la inflación en ese período superó el 6%. Esto llevó al gremio a buscar una recuperación salarial en las negociaciones actuales.
Paralelamente, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado un paro general de 24 horas para el jueves 10 de abril, precedido por una movilización el miércoles 9 de abril. Héctor Daer, co-secretario general de la CGT, enfatizó que la decisión se tomó en términos de unidad y que la medida busca reclamar paritarias libres, aumentos de emergencia para jubilados y la reactivación de la obra pública. Daer declaró: "Venimos a transmitirle al pueblo argentino, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que confirmamos [...] un paro por 24 horas".
Este paro será el tercero organizado por la CGT en protesta contra las políticas económicas del presidente Javier Milei. Aunque Milei ha logrado reducir la inflación, los sindicatos critican sus medidas de austeridad, señalando despidos y una disminución del poder adquisitivo debido a recortes en el gasto público. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, expresó: "Uno no puede ser un mero espectador de los despidos que están ocurriendo".
El Gobierno, por su parte, ha desestimado la huelga. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "no hay nada que justifique una huelga" y acusó a los líderes sindicales de buscar "perjudicar al gobierno".
Además, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha amenazado con medidas de fuerza para la próxima semana si no se llega a un acuerdo en la audiencia programada para el miércoles 26 de marzo. El conflicto se centra en la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que prevé que los trabajadores no reciban aumentos salariales hasta junio de 2025. La UTA ha denunciado la falta de respuestas satisfactorias por parte de los funcionarios del sector y advirtió sobre un posible agravamiento de la situación. En un comunicado, la organización sindical afirmó: "Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen".
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