El sindicato, liderado por Daniel Catalano, viene alertando desde hace ocho meses sobre lo que consideran un "brutal ataque al Estado argentino por parte de la alianza gobernante". Según la organización, esta ofensiva se ha traducido en un "encono" especial hacia los trabajadores estatales, que se ha manifestado en diversas formas de persecución.

"Empezaron persiguiendo al cupo trans, después cerraron el INADI (organismo donde se realizaban las denuncias por discriminación), y ahora persiguen por razones políticas, gremiales y de enfermedad", señalaron desde ATE Capital, subrayando la gravedad de la situación.

Un caso emblemático que mencionaron fue el de una trabajadora trans que fue despedida, pero gracias a la intervención del gremio, la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó su reincorporación al Hospital Bonaparte en junio. Este hecho se enmarca en lo que la Ley 20.744 define como un despido discriminatorio, basado en motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial.

"Como en las épocas más oscuras, se dice defender la libertad pero lo que aplican es el autoritarismo", concluyeron desde el sindicato, destacando que la lucha por los derechos de los trabajadores continúa, en medio de un contexto cada vez más hostil.