El Gobierno anunció la venta de acciones de Transener y los trabajadores de las empresas privatizadas de los 90 tuvieron una fuerte reaccion.
En medio de la crisis energética y la creciente preocupación por el manejo de las empresas públicas, el Gobierno Nacional anunció la intención de vender el 25,5% de las acciones de Transener, una de las principales empresas transportadoras de energía eléctrica del país. Esta decisión, que se conoce a través de un comunicado de la Secretaría de Energía, generó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores y organizaciones sindicales, que la consideran una medida perjudicial para el patrimonio nacional y para los jubilados.
Transener, que surgió a partir de la privatización de empresas clave del sistema eléctrico nacional, como SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica (AyEE), fue creada con activos estatales y, desde su conformación, genera superávit para el Estado. Sin embargo, el anuncio de la venta de un porcentaje significativo de sus acciones, valuadas en al menos 280 millones de dólares, genera una fuerte preocupación sobre el futuro de estos activos estratégicos.
De las acciones que el Estado nacional posee de Transener, el 19,57% está en manos de la ANSES, lo que significa que su venta no solo implicaría una pérdida de patrimonio para el Estado, sino también afectaría directamente a los jubilados, ya que los ingresos generados por esas acciones contribuyen a las prestaciones previsionales.
La Carta Abierto escrita por los y las trabajadores también señala una deuda histórica del Estado con los trabajadores de las empresas privatizadas, quienes, en 1992, debieron recibir una participación accionaria a través del Programa de Propiedad Participada –PPP-, un beneficio que no se concretó en muchos casos. De acuerdo con la carta, el Gobierno aún tiene una responsabilidad pendiente con estos trabajadores, quienes se vieron perjudicados por la falta de pago de este programa.
Frente a este panorama, se propone la creación de un fondo basado en los beneficios obtenidos por las acciones de Transener en poder de ENARSA para saldar la deuda histórica con los trabajadores de SEGBA, AyEE e Hidronor. De esta manera, se buscaría proteger tanto los derechos de los trabajadores como el patrimonio nacional.
Organizaciones y sindicalistas se oponen tajantemente a la venta de estas acciones, argumentando que es esencial que el Estado mantenga el control sobre activos estratégicos como Transener, en lugar de despojarse de ellos en un contexto de alta inflación y crisis económica.
La Carta Abierta
VENTA DE ACCIONES DE LA EMPRESA TRANSENER
Transener es de todas las argentinas y argentinos.
La empresa transportadora de energía se crea con los activos de las originarias empresas de energía SEGBA, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica (AyEE) privatizadas a partir de la venta y concesión del patrimonio del estado promovido por la sanción de las leyes 23.696 (de Reforma del Estado 1989) y 24.065 (de desguace del sistema eléctrico nacional 1992)
Transener es una empresa que genera superávit al estado nacional.
Sin embargo la Secretaría de Energía anunció la intensión de “desprenderse” del 25.5% de las acciones valuadas como mínimo en 280 millones de dólares. El 19,57% de las acciones pertenece a la ANSES, la venta significará no solo una pérdida del patrimonio nacional sino también menos jubilaciones y prestaciones para nuestros jubilados y jubiladas.
El estado argentino tiene una deuda histórica con gran parte de las y los trabajadores de las mencionadas empresas privatizadas por la falta de pago del Programa de Propiedad Participada (PPP) que debió haber beneficiado con una participación accionaria a todas y todos los empleados en actividad al 16 de enero de 1992.
Nos pronunciamos en contra de la venta de las acciones de TRANSENER que se encuentran en poder del estado nacional; proponemos la creación de un fondo que a partir de los beneficios de las acciones de Transener S.A en poder de ENARSA permitan saldar la deuda histórica con los trabajadores de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor.
Que se salde la deuda con los trabajadores y se proteja el Patrimonio Nacional.
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