Es una idea recurrente hablar de sindicalistas ricos, trabajadores pobres. Pero los gremialistas no suelen ser denunciados por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py. Como no son funcionarios públicos, el dinero que manejan responde a los afiliados a los que representan. La lógica indica que “lo que pasa en casa, se queda en casa”. Salvo que se demuestre que lavaron dinero o desviaron fondos públicos.

La excepción a la buena estrella penal de los sindicalistas es Omar “Caballo” Suárez, el jefe de los obreros marítimos señalado como el gremialista preferido de Cristina Kirchner. Preso desde hace casi un año como jefe de una asociación ilícita que extorsionó y cometió fraudes, ahora lo investigan por el origen de sus bienes. 

“Soy un preso político”, asegura “Caballo” desde la cárcel. En su entorno dicen a PERFILque Suárez sólo es “un mensaje aleccionador”. El canillita Omar Plaini también denunció al Gobierno cuando en julio lo procesaron y le intervinieron el gremio.

En tanto, Hugo Moyano se plantó con fuerza ante la primera amenaza penal. En 2011, paralizó el país cuando el ex juez Norberto Oyarbide activó un pedido de informes de Suiza por lavado de dinero a partir del bloqueo preventivo de una cuenta bancaria a nombre del dueño de la empresa recolectora de residuos Covelia. En esa causa, Moyano nunca fue imputado, pero sí lo denunciaron en una causa similar a la mafia de los medicamentos, por la que estuvo preso y espera juicio el otrora poderoso líder de los bancarios, Juan José Zanola. El juez Claudio Bonadio investigó un fraude desde la obra social de Camioneros a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud: pedían reintegros por dar remedios de alto costo para el tratamiento de enfermedades complejas de los afiliados. En abril pasado, el fiscal Guillermo Marijuanpidió juicio oral al abogado de Moyano Juan Rinaldi y otros, revelaron a PERFIL fuentes judiciales.

Pero en la causa nunca se avanzó sobre el camionero. Desde 2013 la Procelac reportó operaciones financieras sospechosas de la obra social de Camioneros con empresas contratistas ligadas a la familia Moyano por 580 millones de pesos. La preocupación de Moyano no solo está en los tribunales penales: está pendiente el futuro de la quiebra de OCA, una empresa a la que siempre se lo vinculó y a la que Macri le habría soltado la mano.