Pero hay mucho más: el pronunciamiento puede servir de modelo para el resto de la dirigencia sindical alineada con el Gobierno. Después de todo, el condenado José Pedraza es una parte, aunque decisiva, de esa tríada de complicidades que también integran los funcionarios kirchneristas y los empresarios a cargo de las concesiones de los trenes.

Por eso el mensaje de la flamante cúpula que lidera Sergio Sasia, que asumió el miércoles pasado como el sucesor del sindicalista que acaba de ser condenado a 15 años de prisión, también dará algunas pistas sobre cómo reacciona el gremialismo oficialista ante un gobierno que se desligó, tragedia mediante, de una dirigencia a la que estaba fuertemente vinculada por afinidades políticas y por negocios muy prósperos.

En ese espejo se ven patéticamente reflejados todos los sindicalistas K: se sienten identificados con el destino final de Pedraza y creen que está pagando el precio de haberse subido, de manera incondicional, a lo más alto del dispositivo oficialista. Hay complicidades que matan, obviamente, pero sólo hay algunos que cargan con las culpas.

Lo que estuvo detrás del caso Ferreyra va más allá de la muerte del militante trotskista. Como la aceitada maquinaria de corrupción en el sistema ferroviario, que incluyó los subsidios a las concesionarias como eje del reparto de “utilidades” que benefició a empresarios, funcionarios y sindicalistas, pero nunca a los pasajeros ni al servicio de trenes, que, diez años después del denostado menemismo, funciona peor que nunca.

O la hipocresía kirchnerista, que auspició demagógicamente la búsqueda de justicia por Mariano Ferreyra luego de haber apadrinado a Pedraza y de haber utilizado a la patota sindical para desalojar a la izquierda de las vías y así garantizar la estructura de sus negocios. El fallo judicial habla de una “convergencia intencional” entre la policía y los responsables del crimen.

¿Pueden los efectivos policiales liberar una zona y proteger a matones ferroviarios sin una orden del poder político?

Imposible. ¿Y qué hubiera pasado si los disparos surgían de un arma policial y no de la de un activista sindical? Cristina no podría haber dicho con tanta tranquilidad que la bala que asesinó al joven militante del Partido Obrero también había rozado el corazón de Néstor Kirchner.

Lo que paso ese fatídico día en que murió Mariano Ferreyra también fue una consecuencia directa de la decisión del Gobierno de transferirle a la dirigencia sindical la facultad de enfrentar a la izquierda, quizá para no quedar involucrado en el ataque a ese sector que interfería el lucrativo negocio de los trabajadores tercerizados. Las reveladoras llamadas entre Pedraza y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, confirman de qué lado se había puesto el Gobierno.

Cuesta analizar este cuadro sin tener en cuenta las constantes acusaciones de la Casa Rosada contra otro crítico del negocio de los tercerizados como Rubén “Pollo” Sobrero, el combativo delegado de la línea Sarmiento, a quien Aníbal Fernández, cuando era jefe de Gabinete, responsabilizó por los incendios de vagones en varias estaciones.

¿Y qué pasará cuando la Justicia deba encontrar a los culpables de la tragedia de Once? Hay quienes creen que los jueces del caso Ferreyra dictaron la sentencia con la mirada puesta en lo que decían los medios, pero en la tragedia de Once hay altos funcionarios involucrados y ningún personaje como Pedraza, que le resultó tan funcional al Gobierno para desviar su responsabilidad en los desaguisados de los que fue partícipe.

Además de buscar la forma de digerir la caída de su colega, el sindicalismo K tendrá otro desafío por delante: cómo transformar una CGT Balcarce muda y paralizada en una central obrera activa y convertida en una verdadera interlocutora del poder político. El primer paso se dará pasado mañana, cuando, por fin, delibere el consejo directivo completo en el gremio de los taxistas. El encuentro fue convocado por un puñado de dirigentes que, en el último plenario de secretarios generales, percibió que existía una inquietante ebullición interna que había que contener. Es que la CGT kirchnerista casi ni se reúne y cuando lo hace, sólo se ven las caras los diez miembros de la “mesa chica”, sigue sin una sede propia (se eligiría una mutual sindical desocupada, en Alsina al 1300) y, para colmo, no deja de crecer la bronca por la indiferencia de la Casa Rosada.

Mientras se espera el prometido encuentro con Cristina Kirchner, ya hay dirigentes que sueñan con salir a la calle por varios desplantes. Por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud no respondió a ocho de diez reclamos sindicales (entre otros, el pago de una deuda de 15.000 millones de pesos) que ayudarían a salir a las obras sociales de su aguda crisis. Y la AFIP tampoco contestó la carta cegetista en la que se pide elevar de 93 a 180 pesos mensuales el aporte de los monotributistas a las obras sociales, ya que la obligación de brindarles las mismas prestaciones que a los trabajadores en relación de dependencia, que aportan mucho más, está desfinanciando el sistema.

La única expectativa es que Cristina anuncie que, como en diciembre, se exceptuará del pago de Ganancias al aguinaldo de junio. Como es un tema tan sensible, se entiende el malestar interno que generó lo que dijo Antonio Caló en el congreso metalúrgico de Mar del Plata: “Se van a sorprender por lo que voy a decir: todos los trabajadores deberían pagar Ganancias porque eso significaría que cobran más de 7.000 pesos”.