“Se trata de un crimen de Estado. Desde un primer momento existieron complicidades desde lo más alto del poder político y judicial para garantizar impunidad tanto a los perpetradores materiales, como a los empresarios autores intelectuales del grave delito. Esta desaparición forzada en democracia que se llevó a cabo con un trabajador humilde, que pretendía organizar a sus compañeros para reclamar por sus derechos laborales, es tal vez el mayor ataque que haya existido en las últimas décadas contra el movimiento obrero. Tenemos la obligación moral de estar en la calle para exigir justicia”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.

Son siete los policías que llegan imputados al juicio, con distintos grados de participación acusados de los delitos de desaparición forzada de persona, vejaciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La CTA considera que se trata de un crimen de Estado, ya que desde aquel momento existieron complicidades de distintos sectores del poder político, judicial y del empresariado nacional y extranjero que opera en la provincia.

Cabe recordar que Daniel Solano, un trabajador rural salteño que prestaba servicios para la multinacional belga EXPOFRUT en la localidad de Lamarque, descubrió que formaba parte de una mano de obra tercerizada a través de la empresa Agrocosecha y comenzó a reclamar contra esa estafa laboral organizando al resto de los trabajadores para demandar el cumplimiento de sus derechos.

Y fue un día después de ese primer reclamo, el 5 de noviembre del año 2011 que fue sacado por la Policía rionegrina del local bailable MACUBA en al valle medio y desde entonces se encuentra desaparecido. Son más de 100 los testigos en la causa y se estima que el juicio dure entre uno y dos meses ya que se pautaron dos audiencias semanales.