“Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”, advirtió Daniel «Tano» Catalano, secretario general de ATE Capital respecto de lo que viene en el empleo público. Se refiere a los exámenes de idoneidad que comenzarán la próxima semana, dirigidos a unos 40 mil empleados públicos con contratos temporales que finalizan a fin de año y cuya renovación, ahora, depende de la aprobación de las evaluaciones que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

En declaraciones a Futurock, el dirigente finalizó su advertencia: “Me importa tres carajos. La verdad que este Gobierno es una porquería que abandona a la comunidad. (Sandra) Pettovello es la peor expresión de funcionaria que nos ha tocado transitar, compite con Patricia Bullrich en materia de perversidad”.

El malestar también se debe a que las evaluaciones se llevarían a cabo en el Ministerio de Defensa, según el gremio, debido al temor del Gobierno a un posible boicot por parte de los sindicatos. En este contexto, ATE Capital realizará un paro y movilización este jueves a partir de las 11 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo. También tomarán medidas orientadas al Ministerio de Desregulación la próxima semana, coincidiendo con el inicio de las evaluaciones.

“Hoy nos presentamos a la Justicia con un amparo que puede no prosperar, pero que lo hacemos por la arbitrariedad de lo que está sucediendo”, agregó Catalano.

Vale recordar que en los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen en esta primera instancia. Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un «umbral de idoneidad».

Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para ingresantes, algo que ocurre no por una ampliación de la dotación de personal sino por la rotación que sucede cuando se desocupan lugares por retiros o jubilaciones.