Entre las resoluciones, la Confederación en el documento llamado “Por la defensa de la Patria, del sistema de transporte integral y de las y los trabajadores”, exigió respetar “principio de Paritarias Libres y que no se eluda o postergue la homologación de los Acuerdos Paritarios que se refrenden”. También, planteó la necesidad de “la no aprobación en la Cámara de Diputados del DNU 70/2023, en línea con la negativa resuelta en la Cámara de Senadores”. Esto debido a que “las políticas implementadas a su amparo, afectan claramente los intereses de las y los trabajadores, de la Nación en general y de diversas actividades del transporte en particular”.

En la misma línea, solicitaron rechazar “de pleno la reversión del mal llamado Impuesto a la Ganancias para los trabajadores y trabajadoras, habida cuenta que el ‘salario no es ganancia’”. Para eso, también resolvieron coordinar reuniones con legisladores, “a fin de plantear todos los temas de interés de esta Confederación, de las distintas actividades y del colectivo de trabajadores, a efectos de dejar en claro nuestra posición y que la misma no se vea interferida por interpretaciones, especulaciones políticas o intereses de cualquier naturaleza ajenos al pensamiento de esta organización”.

Por otra parte, la CATT también anunció la redacción de una “Ley de Bases para el Desarrollo del Transporte en la Argentina del Siglo XXI” para presentar en el Congreso de la Nación. De acuerdo al texto, la misma está originada “en el trabajo que venimos llevando a cabo junto a nuestros equipos técnicos, primero en la Ley Federal de Transporte y luego en la Ley de Reparación Histórica de los modos de Transporte” y contará con “nuestra posición sobre la planificación, necesidad de inversiones, operación y control del sistema nacional de transporte”, incluyendo los modos de transporte terrestre, de cargas y pasajeros, ferroviario de cargas y pasajeros, aéreo, marítimo- portuario y de la industria naval e incluso vía plataformas y aplicaciones.

Asimismo, confirmaron una “alianza estratégica” con la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), “habida cuenta que nos unen de cierta manera actividad cotidiana y nos atraviesan cuestiones y problemáticas similares, entre otros, el Impuesto a las Ganancias”. En este sentido, otro de los puntos abordados en el documento consiste en programar asambleas simultáneas en los sectores de trabajo durante abril en las actividades representadas en la CATT para “informar a los trabajadores y trabajadoras de las gestiones y reclamos que estamos llevando adelante y de lo resuelto en este Plenario Nacional”.

Por otro lado, también resolvieron ratificar su “apoyo y acompañamiento a la activa agenda que la CGT que viene desarrollando en defensa del interés nacional, de las leyes laborales, de la producción, del desarrollo y de los intereses de las y los trabajadores”, y le solicitaron “mantener reuniones periódicas dado el contexto actual”.

Finalmente, como último punto, procedieron a “ratificar el estado de alerta y sesión permanente de todas las organizaciones confederadas en la CATT dispuesto el 17 de Julio 2022, en base a lo expuesto precedentemente”.

Cabe destacar que la mesa principal estuvo encabezada por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), acompañado por Pablo Moyano (Camioneros) en representación de la CGT, Juan Carlos Schmid (FeMPINRA, Dragado y Balizamiento); Roberto Coria (Guincheros); Jorge García (FEPETAX); los diputados por Unión por la Patria (UxP) Germán Martínez, Diego Giuliano, Mario “Paco” Manrique, Vanesa Siley, Florencia Carignano, Micaela Morán y Sergio Palazzo.

Además, el Plenario contó con la participación todos los representantes del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), así como de más de 500 dirigentes de los gremios del transporte ferroviario, terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y de la Industria naval, que nuclean a 43 sindicatos adheridos.

“Por la defensa de la Patria, del sistema de transporte integral y de las y los trabajadores”: el texto previo a las conclusiones

Dentro del texto, la Confederación definió que “Argentina necesita una red de transporte nacional que la vincule a toda la región y al mundo de manera eficiente y competitiva”, objetivo el cual “comprendemos la totalidad de las entidades gremiales de la Confederación Argentina De Trabajadores Del Transporte – CATT y pretendemos contribuir”. Sin embargo, indicó que “nos preocupa la manera en que el Gobierno Nacional pretende simplemente enajenar la propiedad de las empresas públicas y toda la arquitectura jurídica que sustenta nuestro desarrollo nacional”.

De esta forma, aseguró que la privatización de las empresas no es un objetivo estratégico en sí mismo, sino que “el objetivo debiera ser organizar y desarrollar un Sistema de Transporte Intermodal Federal promoviendo inversiones públicas y privadas, que permitan asegurar el equilibrio de cada modo de transporte en las actividades para las cuales tiene ventajas comparativas y competitivas”. Y asimismo, aseveró que “las privatizaciones son una vieja fórmula neoliberal al servicio de los intereses conservadores de un pequeño grupo de empresarios que ya fracasaron en las privatizaciones y concesiones estatales en el pasado y que se pueden observar aún en la actualidad algunas de ellas” y que “atrasan varias décadas”.

Así, la CATT agregó en el documento que “hoy en día el mundo va en otra dirección”, ya que “los grandes países desarrollados tienen un sistema de transporte público-privado que requiere políticas de Estado estables e integrales, en aras de promover un ecosistema de logística multimodal con miras a incrementar la producción nacional, la carga y servicios anexos, la generación de fuentes de trabajo y la eficiencia en todos los nodos logísticos vinculados al comercio interno y a la política exportadora nacional, así como también optimizar el transporte de pasajeros en todos sus modos”. Y añadió que esto debe ser estratégicamente articulado por el Estado, “quien debiera incentivar la inversión pública y privada mediante la propuesta de regulaciones tendientes a desarrollar estímulos positivos que generan previsibilidad a mediano y largo plazo en el desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad en materia de comercio interno y exportaciones”, ya que “es el Estado quien en el mundo desarrollado diseña la estrategia política para adecuar los medios y modos de transporte en su especialidad, para proveer servicios rentables y eficientes en sus respectivas áreas según operatividad, costos y rendimiento a escala, así como promover la vigencia tecnológica y la eficacia operativa para las necesidades que la sociedad y la economía demandan, respetando los compromisos adquiridos en materia de medio ambiente”.

En ese sentido, los firmantes marcaron que la “primarización y extranjerización de nuestros recursos naturales” o la destrucción de “los marcos jurídicos que hoy dan sustento a las decisiones estratégicas estatales dentro de las cuales podamos evitar una mayor dependencia extranjera de nuestras importaciones y exportaciones” no harán un país más desarrollado o integrado. Así, afirmaron que no son anti empresa “como se nos quiere hacer ver”, sino que “nos oponemos en nuestras actividades a la simple enajenación del patrimonio nacional violando los marcos societarios de propiedad de las empresas públicas, poniendo a todas ellas a tiro de privatización, sin ningún criterio más allá del dogma del pensamiento que expresa el Gobierno”.

Finalmente, analizaron que sus resoluciones provienen de considerar que “el gobierno del presidente Milei, está dando muestras claras que tiene como objetivo, entre otros, desregular el total de la economía, amenazando nuestra industria y al empleo nacional con la apertura indiscriminada de importaciones”, que “también viene a liberar precios y tarifas sin un marco de protección al consumidor, como así a modificar y/o derogar un sinfín de leyes protectivas del empleo, la salud, la educación, los derechos sociales y previsionales básicos consagrados constitucionalmente”, que “el Gobierno Nacional avanza en despidos de trabajadores y trabajadoras de organismos y empresas del Estado, paralizando en algunos casos hasta la gestión, para justificar de esa manera la disolución de estructuras” y que “esa misma ineficiencia autoinfligida sirve también como para avanzar en la enajenación y privatización del patrimonio del Estado sin objetivos estratégicos proclives al desarrollo nacional”, que “quieren utilizar la falta de homologación de acuerdos salariales, como contención al precio del trabajo libremente negociado, en abierta contradicción con lo que dijeran al inicio de la gestión, poniendo además techo a las negociaciones Paritarias” y que “ la reversión del impuesto a las ganancias a trabajadores y trabajadoras, entre otras medidas que quieren impulsar, aun habiendo el actual Presidente votado en la Cámara de Diputados a favor de su derogación, van en línea con una política general que dice avanzar hacia la libertad, cuando en realizad lo hace en dirección a un intervencionismo estatal en nombre de los más poderosos”.

Por otro lado, también que provienen de entender que “no es la primera vez en la historia del movimiento obrero organizado, que debemos luchar contra quienes pretenden colonizar al Estado en beneficio de sus mezquinos intereses, arrasando con los derechos laborales y sociales que, mediante el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron, se fueron paulatinamente conquistando”, que “entendemos y somos conscientes de la real situación difícil por la que atraviesa el País en general y el sistema de transporte en particular, que no es de ahora y lo venimos diciendo y sosteniendo” y que “por ello en el Plenario Nacional realizado el 17 de Julio de 2022 hicimos un exhaustivo análisis y también por ello se dispuso el Estado de Alerta y Sesión Permanente”, que “sin diálogo y atropellando las instituciones de la democracia y la división republicana de poderes, no hay construcción de consenso” y que “hoy no existen siquiera políticas claras para todo el sector del transporte, ni un plan que garantice un horizonte claro para los trabajadores y las familias de los sectores ligados a las distintas actividades de nuestra Confederación”. Así, remarcaron que “los trabajadores y trabajadoras representados por las organizaciones sindicales que forman parte de esta Confederación, sabemos muy bien la gravedad de la amenaza que nos plantea esta actualidad”.